“Los últimos seis años los medios dejaron de contar lo que sucede, las y los periodistas decidieron renunciar a su nombre”, resalta Artículo 19.
Ciudad de México. El miedo provocado por la violencia ha silenciado a cientos de periodistas en el país. “Los últimos seis años se llevaron las palabras de los comunicadores que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera, las y los periodistas decidieron renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informando o amordazarse”.
El sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el más peligroso para el ejercicio de esta profesión en todo el continente, pues dejó un saldo de 47 reporteros asesinados y cuatro desaparecidos, así como un total de 2 mil 502 agresiones contra informadores, asienta el informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, presentado este martes por la organización Artículo 19.
Con el cambio en la administración federal la situación no parece mejorar, pues en los poco más de 100 días de la gestión de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados ya al menos cuatro comunicadores, apuntó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México y Centroamérica. Exigió que el actual gobierno federal detenga la violencia contra el gremio y garantice la pluralidad de la información y la opinión.
En la presentación participó Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán. En su intervención, la también comunicadora subrayó que hacer periodismo en muchas regiones del país “es como jugar a la ruleta rusa, es como estar bajo la mira de francotiradores listos para jalar el gatillo, y una vez cumplido su objetivo, desaparecen”.
Demandó a la Fiscalía General de la República y a los órganos de procuración de justicia de los estados a operar realmente y ofrecer resultados claros. “Hay que recordar que detrás de cada periodista asesinado, desaparecido, amenazado, agredido o desplazado, estamos nosotras, sus familias, a las que pocos voltean a ver, las que a pesar de la tragedia que hemos vivido, seguimos orgullosas de ellos por lo que fueron”.
Los calificativos endilgados por el presidente López Obrador (como fifís) a la prensa que ha sido crítica de su administración, dijo, pone en riesgo a los periodistas y puede propiciar silencios. Crítica a la que se sumó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.
La impunidad es imperante en los delitos contra los informadores. El informe indica que desde su creación, en 2010, hasta diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha iniciado mil 140 investigaciones y sólo ha conseguido diez sentencias, equivalente a 0.87 por ciento de efectividad, es decir, existe 99.13 por ciento de impunidad.
Aunado a ello, el reporte agrega que de 2012 a 2018 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha recibido 747 solicitudes de incorporació, de las cuales 59 por ciento corresponden a comunicadores. En esos seis años,m esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación ha acogido a más de mil personas, y actualmente 771 siguen bajo su protección.
Para Artículo 19, el Mecanismo no ha podido trascender de un rol meramente reactivo a uno preventivo.
El informe detalla que hay varios factores que generan el silencio entre los medios de comunicación y los periodistas: el miedo provocado por la violencia que lleva a la autocensura; y la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento de información; el tercero es la ineficiencia de las instituciones; y el cuarto es el discurso de las autoridades que no toleran críticas a sus posiciones y acciones.
El informe precisa que sólo en 2018 se registraron nueve asesinatos de periodistas y 544 agresiones en contra de estos profesionales, de éstas, 230 fueron vinculadas a funcionarios públicos.
Veracruz es el estado más peligroso para la prensa con 57 agresiones, seguido de Coahuila con 47, Puebla con 45, Ciudad de México 40 y Oaxaca con 39. Las agresiones contra el gremio ascendieron en 65 por ciento entre 2013 y 2018.
Frente a esta realidad, Artículo 19 llamó al gobierno de López Obrador. A que estos números rojos no continúen creciendo.
