Gastos innecesarios y subejercicio de recursos, entre otras irregularidades, generan daños patrimonial por cinco mil 428 MDP.
Gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en el uso del dinero fueron algunas de las irregularidades detectadas en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que generaron un daño patrimonial por cinco mil 428.29 millones de pesos y que hoy lo mantienen bajo presiones financieras.
De acuerdo con el “Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF”, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, así dejó el organismo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al término de su encargo el pasado 31 de diciembre de 2018.
Según el documento, entregado el pasado 27 de marzo a los integrantes del pleno del CJF, las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018 en áreas como la renta de inmuebles y su mantenimiento, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, pago de seguros, administración de recursos humanos, obra pública, contrataciones, inventario físico, archivo y documentación, tecnologías de la información, protección civil y modelo de gestión administrativa.
Además, señala que el CJF omitió solventar 797 observaciones de las auditorías que realizó la contraloría y 47 acciones derivadas de las 14 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El reporte —que se efectuó en los primeros 60 días siguientes a que concluyó la administración de Aguilar Morales— destaca que durante 2018, el CJF obtuvo un presupuesto por 61 mil 838 millones de pesos, del cual se detectó un subejercicio por casi cinco mil 500 millones de pesos y aunque para 2019 se aplicó una reducción presupuestal de 8.7% —seis mil 460 millones 188 mil 830 pesos—, el CJF se quedó sin recursos para mantenimiento y fortalecimiento de infraestructura.
“El impacto afectó parcialmente rubros del gasto corriente y en su totalidad la inversión, situación contraria a la que se presentó en 2018, que de haberse implementado medidas correctivas en el ejercicio, sobre todo agilizado los diferentes procedimientos de contratación, tanto de adquisiciones como de servicios y de obra pública, significaría que para 2019 no se tendría la dimensión de las presiones de gasto que a la fecha se han identificado”, indica el informe.
“No se cuenta con presupuesto para mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura, entre otros conceptos de gasto, lo cual podrá afectar la operación de los inmuebles a cargo del CJF”, subraya.
El informe precisa que las empresas aseguradoras contratadas por el CJF le deben 50.1 millones de pesos sin que hasta el momento exista un registro de que la administración de Aguilar Morales requiriera la reintegren de ese dinero al organismo.
Pérdidas en los edificios. Actualmente, el CJF cuenta con 660 inmuebles, 52% de ellos corresponden al programa de vivienda para magistrados y jueces.
En su revisión, la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF detectó que las irregularidades en la administración de los inmuebles provocaron un daño patrimonial por 426.7 millones de pesos, pues el CJF renta cinco edificios para órganos jurisdiccionales y archivo transferido de la SCJN, mismos que no están en uso, lo que genera pagos por 11.8 millones de pesos anuales y fueron destinados 48.9 millones de pesos a hacer adecuaciones por las cuales se pagaron 14.3 millones de pesos.
Los inmuebles rentados que no están en uso se ubican en Apizaco, Tlaxcala, por el que se paga una renta mensual de 250 mil pesos y en el que la CJF ha gastado 10.5 millones en adecuaciones. En Chetumal, Quintana Roo, implica una renta mensual de 85 mil pesos y se han realizado adecuaciones por 3.8 millones de pesos; Ciudad del Carmen, Campeche, con renta de 288 mil; Tepic, Nayarit, con pago de mensual por 225 mil pesos, y Coatzacoalcos, Veracruz, por el que el organismo paga 187 mil pesos.
