Madrid. El Gobierno venezolano ha rechazado este viernes las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y otras cuatro instituciones financieras del país y ha calificado las medidas de “coercitivas, arbitrarias e ilegales”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano ha indicado en un comunicado que la intención de estas nuevas sanciones es “cercenar el derecho de las venezolanas y venezolanos a su desarrollo integral y a la sostenibilidad de su sistema financiero nacional e internacional”.

“Este ataque que atenta directamente contra el corazón de las finanzas del pueblo venezolano, demuestra la hipocresía imperial, que ofrece de manera engañosa una falsa ayuda humanitaria, mientras ataca las fuentes de generación de recursos de Venezuela, a través de sanciones directas a PDVSA y Minerven”, ha subrayado el Ministerio.

Venezuela ha destacado que la medida afecta a más de 23 millones de clientes en el país y a los ciudadanos de “hermanos países” del continente.

De esta forma, el Ministerio ha asegurado que “ninguna acción supremacista desesperada, contraria a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, logrará quebrar la voluntad del pueblo venezolano”.

Estados Unidos ha aprobado este viernes una nueva tanda de sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro en respuesta a la detención de Roberto Marrero, el jefe de despacho del autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó.

El Departamento del Tesoro ha tomado medidas contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), cuyo presidente, Simón Alejandro Zerpa Delgado, está sancionado desde 2017, así como a BANDES Uruguay, el Banco Prodem en Bolivia y los bancos Universal y Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera, la Mujer y las Comunas, en Venezuela.

El secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, ha acusado al Gobierno de Maduro de transformar BANDES y sus entidades subsidiarias “en un vehículo para mover fondos al extranjero”, distorsionando así “el propósito original del banco (…) como parte de un intento desesperado de mantener el poder”.

Como consecuencia de las medidas punitivas, los activos de estas entidades financieras bajo jurisdicción estadunidense quedan bloqueados y las empresas y personas de la potencia norteamericana tienen prohibido hacer negocios con ellas.

No obstante, el Tesoro ha recordado que las sanciones no son permanentes porque buscan “un cambio positivo de comportamiento”.

Así, ha indicado que serán retiradas si los sancionados “dan pasos concretos y llevan a cabo acciones significativas para restaurar el orden democrático” en Venezuela.

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