Más de 600 mil personas de todo el país resultaron afectadas por la desaparición del Programa Comedores Comunitarios que, en 2019, ya no recibió presupuesto por parte de lo que era Sedesol y ahora es la Secretaría del Bienestar, que encabeza María Luisa Albores.
Según cifras de este programa, cuatro de cada 10 personas que acudía a estos sitios eran niños de entre 0 a 11 años de edad.
Los 5 mil 541 comedores comunitarios ubicados en todo el país, también atendían a mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, en situación de calle y adultos mayores de 65 años.
Las cinco entidades con mayor cantidad de centros en donde se otorgaba comida son el Estado de México, con 2 mil; Guerrero, mil 500; Michoacán, 500; Chiapas, y Veracruz con 252.
El año pasado, este programa recibió recursos por más de 3 mil millones de pesos, pero en 2019 fue eliminado por el Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos recintos estaban diseñados para atender entre 109 y 120 beneficiarios cada uno, aunque frecuentemente se superaba esta cantidad.
El menú de estos lugares era elaborado conjuntamente con instancias expertas en la materia, como el Instituto Nacional de Nutrición, integrando ingredientes locales.
El programa inició en 2013, como parte del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre y su objetivo era proporcionar dos comidas diarias a personas vulnerables en Zonas de Atención Prioritaria Rurales y Urbanas, y que las encargadas de administrar y preparar los alimentos fueran voluntarias miembros de la comunidad, que también se beneficiarían del programa.
No hay un sueldo formal para ellas, pero ellas y sus familias pueden alimentarse en el comedor. En total, eran 67 mil voluntarias que preparan 1.2 millones de raciones diarias en el país.
El sustento de estos lugares fue planeado para que Sedesol los instalara y equipara, además de que los proveyera con alimentos no perecederos, y que, a través de una cuota de recuperación, que va desde tres pesos hasta 10 pesos por comida servida, las voluntarias pagaran servicios, compraran alimentos perecederos y otras cosas que se fueran necesitando.
Sin un salario formal para las voluntarias, la cuota también servía para darles una ayuda de 60 pesos diarios cuando era posible.
Hasta abril de 2018, Sedesol registró más de 600 mil beneficiarios del programa en el país, considerados como población vulnerable y para quienes los comedores comunitarios eran su única fuente de alimentación con el desayuno y/o la comida diaria.
De acuerdo con la ficha del monitoreo 2017-2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que 92.3 por ciento de los beneficiarios consideró que el uso del comedor le permitió mejorar su alimentación; más del 90 por ciento se sintió satisfecho con el servicio y trato recibido y consideró que lo que paga como cuota de recuperación es justo.
Determinó además que este programa “está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, en el Objetivo ‘Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente’ y se encuentra vinculado con el Objetivo 2 del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 ‘”Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas’”.
