Para lograr los votos que requiere para su aprobación, diputados federales cabildean con el Ejecutivo federal una nueva redacción para la reforma al artículo 19 constitucional que propone aplicar prisión preventiva a quienes roben combustible, usen programas sociales con fines electorales, incurran en corrupción, cometan feminicidio, abuso sexual de menores, robo a casa habitación, entre otros delitos.
La nueva redacción plantea eliminar del dictamen la obligación de aplicar “prisión preventiva oficiosa” a quienes cometan estos delitos y, en su lugar, establecer que el Ministerio Público (Fiscalía) “deberá solicitar la prisión preventiva” al juez, quien tendrá que pronunciarse al respecto.
Esta nueva redacción no violaría el principio de presunción de inocencia, una de las principales críticas de organismos de derechos humanos.
Si el planteamiento es aceptado por el presidente, López Obrador, la reforma será votada por el Pleno de San Lázaro, la próxima semana.
Existen otra posibilidad que implica modificar el artículo 16 constitucional que ya fue presentada, en calidad de iniciativa, por el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.
Esta alternativa propone que el Ministerio Público (fiscalía) no podrá liberar a los imputados detenidos por los delitos antes mencionados y lo deberá poner a disposición de la autoridad judicial.
Verónica Juárez (PRD), una de las promoventes, dijo que esta iniciativa permitirá combatir el problema que representa el aumento en la comisión de esos delitos sin violar derechos humanos.
“Estamos forzando una investigación exhaustiva e impidiendo que opere la puerta giratoria, es decir, que quienes delinquen estén libres porque no se cumplió con el debido proceso”, explicó.
El panista Elías Lixa informó que su bancada aún no define posición sobre el tema; sin embargo, aclaró que entidades como Yucatán (su estado de origen) los ciudadanos piden que no se libere a quienes cometen robo a casa-habitación.
“No tenemos una posición definida. Estamos analizando los alcances de todas las propuestas, se incluyen las prioridades del gobierno, pero también tenemos que atender lo que es lesivo para las personas”, concluyó.
POR NAYELI CORTÉS
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