HERMOSILLO,Sonora(GH).- Una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que se agregó a la queja que el mismo organismo abrió por oficio, interpuso el pasado martes la esposa del hombre abatido por policías municipales en la colonia Palo Verde.
Pedro Gabriel González Pérez, presidente de la CEDH, indicó que ese mismo día el visitador Roberto Vélez solicitó tanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado, como al comisario de Seguridad Pública Municipal, los informes del hecho.
“Algunos miembros de los medios de comunicación me han pedido que emita una opinión; no lo puedo hacer porque sería anticiparme al resultado y nosotros tenemos que seguir un procedimiento donde se hace acopio de pruebas.”Y mientras no exista ese acopio de pruebas y se pueda hacer una evaluación, no podemos decir si hay o no responsabilidad por parte de los policías que intervinieron”, puntualizó.
ATENDERÁN A FAMILIA
Que la familia se agregara a la queja que la Comisión abrió por oficio tiene un particular beneficio para los integrantes, acentuó, ya que a estos se les brindará ayuda sicológica e informarán los avances en el caso.
“Vamos a estar al pendiente sobre de qué manera se ayuda en caso de que se emita una recomendación, además de estar informando los avances de la sustanciación del procedimiento por parte de nosotros”, reiteró.
Hace una semana un hombre que amenazaba con quitarse la vida fue abatido por un elemento de la Policía Municipal, luego de que el presunto hiriera a otro elemento con un cuchillo.
Entrega CEDH su informe.
Un total de mil 356 denuncias que atentan contra la dignidad de las personas recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante 2018; el motivo principal es el incumplimiento del deber legal, precisó Pedro Gabriel González Avilés.
El presidente del organismo expuso en su primer informe anual ante el Congreso del Estado que la mayoría de las quejas corresponden a Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme, Nogales, Cananea, Navojoa, Agua Prieta y Huatabampo.
“Se concluyeron mil 445 quejas, desde luego algunas de ellas de años anteriores; se emitieron 29 recomendaciones en contra de servidores públicos que violentaron los derechos humanos de los ciudadanos, se dictaron 24 acuerdos de no responsabilidad y se brindaron 352 atenciones a víctimas del delito
