Los estados, los municipios y las empresas ya no participarán en las decisiones sobre cómo se aplicarán dichos recursos.
Según la Administración pasada del gobierno federal, la última reforma fiscal incluyó el establecimiento de derechos adicionales aplicables a la minería, diseñados con el objetivo de permitir al Estado recaudar de forma más eficiente y en proporción al valor económico generado. Con los cambios, se creó el derecho especial de 7.5% a la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad extractiva y el derecho extraordinario sobre minería, correspondiente a 0.5% sobre los ingresos por enajenación del oro, plata y platino.
“(Quiroga) explicó que, con anterioridad, las obras donde se aplicaba el Fondo Minero se decidían en un comité con representación de los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, pero, en lo sucesivo, los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal”, difundió la Secretaría de Economía a través de un comunicado de prensa.
Luego de una reunión con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Quiroga dijo que existe “la disposición por parte del Ejecutivo federal para hablar sobre las reglas de operación del Fondo Minero”. Al puntualizar que los recursos se destinarán a proyectos productivos en los municipios con vocación y actividad minera, también reiteró la apertura al diálogo por parte del gobierno federal y señaló que las reglas de operación del manejo de este fondo aún no han sido publicadas.
De 100% recaudado por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario, 20% se queda en la Federación, 2.5% se canaliza a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con 77.5% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (37.5% para los estados y 62.5% para Municipios donde se realiza la extracción minera). La distribución del fondo se calcula con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional (artículo 275 de la Ley Federal de Derechos), con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.