Los cuellos de botella en las estaciones han disminuido, pero el robo de combustible está tan arraigado que será difícil de erradicar, incluso en Tlahuelilpan.
Reuters.- Días después de un estallido que generó una enorme bola de fuego cerca del pueblo mexicano de Tlahuelilpan, provocando la muerte de al menos 117 personas que extraían gasolina de un ducto, ladrones de combustible de la zona regresaron a trabajar como si nada hubiera pasado.
Las tomas ilegales, algunas de ellas recién abiertas, fueron la prueba de que el combustible estaba escapándose de nuevo. Soldados que patrullaban el área en el centro de México tras la tragedia del 18 de enero dijeron que hallaron 15 tomas ilegales a pocos kilómetros y en el mismo ducto, operado por la petrolera estatal Pemex.
En un sitio, Reuters vio un agujero recién excavado que conducía a una válvula unida a la tubería enterrada sólo un metro por debajo de la superficie. En las cercanías se encontraron mangueras de plástico, envolturas de comida, un paquete vacío de cigarrillos y una manta mojada con gasolina.
Situaciones como esta muestran el enorme desafío que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin al desenfrenado robo de combustible. El delito está privando al gobierno de los ingresos fiscales que tanto necesita y costó a Pemex un estimado de 3,000 millones de dólares el año pasado.
Expertos en seguridad dicen que desde pequeños ladrones, bandas del crimen organizado hasta empleados corruptos de Pemex están involucrados en el negocio.
Los ladrones con operaciones más organizadas suelen perforar los ductos para desviar gasolina y diesel durante la noche en zonas rurales, luego la revenden a propietarios de estaciones de servicio, en las carreteras y en mercados al aire libre.
Un portavoz de Pemex no respondió varias solicitudes de comentarios para esta nota.
En diciembre, López Obrador lanzó una campaña contra el robo de combustible. Para frustrar las tomas ilegales, ordenó a Pemex distribuir combustible por tierra en camiones cisterna. El resultado: escasez generalizada y largas filas en las gasolineras.
Los cuellos de botella en las estaciones han disminuido, pero el robo de combustible está tan arraigado que será difícil de erradicar, incluso en Tlahuelilpan.
El prefacio de la tragedia fue cuando unos 800 pobladores de la localidad, muchos cargando recipientes, se dirigieron a un ducto cercano después de que se corriera la voz en redes sociales de que había una gran piscina de gasolina en una toma ilegal. Docenas murieron cuando el combustible se encendió y muchos otros quedaron gravemente quemados.
Marcelino Valdez, un sacerdote católico en Tlahuelilpan, dijo entre funerales de las víctimas que muchos aquí apoyan a López Obrador, pero dudaba que la nueva estrategia produjera resultados rápidos en un lugar donde los trabajadores agrícolas ganan unos 150 pesos (7.88 dólares) al día y casi dos tercios de la población vive en la pobreza, según datos del gobierno.
“Al pueblo no le gusta robar, no es un gusto, no es una diversión”, dijo Valdez. “Pero veo mucha gente que mira hacia arriba y ve cuanta corrupción, cuanta injusticia y, de repente, se mira con las manos vacías”, añadió.
Pemex está implicado
El estado de Hidalgo, donde se ubica Tlahuelilpan, es el líder nacional en perforaciones para el robo de combustible. Los ladrones, conocidos como huachicoleros, realizaron un récord de 2,121 tomas ilegales, o casi seis por día, según datos de Pemex, un aumento de más de seis veces en sólo dos años.
Expertos de la industria petrolera dicen que la ubicación de Hidalgo es clave. Situado al norte de la capital mexicana, es sede de la segunda refinería más grande de Pemex y aloja uno de sus ductos más importantes, que ayuda a abastecer el área metropolitana de la Ciudad de México.
Los precios de los combustibles también son un factor. A principios de 2017, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto subió los precios hasta en un 20 por ciento en un intento de terminar con los costosos subsidios, una medida que muchos en Tlahuelilpan dicen que está impulsando el robo.
Desde que López Obrador lanzó su campaña se han arrestado a 558 personas acusadas de robar combustible, se ha congelado cuentas bancarias y desplegado soldados para vigilar instalaciones clave de Pemex, incluyendo la refinería de Tula, a unos 15 kilómetros al suroeste de Tlahuelilpan.
Si bien el crimen organizado es responsable de una gran parte del problema, el presidente también culpa a trabajadores corruptos de Pemex del comercio ilícito.
“Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa el 27 de diciembre.
Juan Pedro Cruz, alcalde de Tlahuelilpan, también sospecha de empleados de Pemex. El funcionario dijo a Reuters que visitó el sitio de una toma ilegal poco después de ser electo alcalde en 2016 y vio cómo los trabajadores de la petrolera cubrían cuidadosamente la perforación en un ducto sin deshabilitarla.
“¿Qué mensaje me deja a mí? Que ni siquiera le ensuciara la toma porque la iban a ocupar”, añadió.
Sin embargo, el mismo Cruz está bajo sospecha. Tras la explosión en enero, reportes periodísticos lo vincularon con un almacén que alguna vez fue usado para almacenar combustible robado. Cruz negó haber hecho algo malo y dijo que Pemex le pidió que le ayudara a encontrar un lugar seguro para almacenarlo.
Además de arrestar a los ladrones de combustible, López Obrador ha lanzado un programa de becas mensuales de 3,600 pesos (189 dólares) para jóvenes desempleados, que presenta como una forma de abordar las causas fundamentales del crimen.
Pero algunos habitantes de Tlahuelilpan dudan que esto disuada a muchos jóvenes de aprovechar lo que consideran su única oportunidad de salir adelante.
Mariano Hernández, un maestro local de matemáticas, dijo que algunos ladrones de combustible pueden cobrar hasta 10,000 pesos (525 dólares) diarios.
“Ellos dicen: ‘Prefiero ganar bien un año, dos años, que vivir muchos años en la pobreza”, dijo Hernández.
Pero el mayor reto del presidente puede ser persuadir a personas como Magali Ortiz de que el robo de combustible es digno de una campaña frontal. Su esposo Omar Vázquez, murió en la explosión y dos otros parientes están desaparecidos.
“Aquí ya el huachicol es un trabajo, ya no es delincuencia”, dijo Ortiz, de 37 años y madre de cuatro hijos. “Hay mucha gente tan ignorante que dice: ‘ellos estuvieron allí por rateros. No señor, mi esposo ni carro tenía”, subrayó.
