La agenda con la que Andrés Manuel López Obrador logró captar más adeptos en la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República es la relativa al combate a la corrupción. Esta problemática ha sido igualmente abordada y visibilizada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, los cuales pugnaron durante años por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
A pesar de los avances en la materia, en México no se dispone de una “medición oficial” de la corrupción, como sí ocurre con temas como la pobreza y la marginación. Frente a ello, México Social abordó la tarea de construir el primer Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental, el cual utiliza información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para dimensionar la corrupción percibida en las 32 entidades de la República Mexicana.
Debe decirse que este ejercicio de medición utiliza los datos relativos a la prevalencia de la corrupción captada a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, así como de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
De estas fuentes primarias de información, los resultados que presentamos a continuación analizan y ponderan cuatro tipos de datos: 1) los relativos a la corrupción general percibida en cada una de las entidades federativas, entendiendo a la prevalencia de corrupción como la suma de los porcentajes de personas que perciben a la corrupción como frecuente o muy frecuente en sus estados; 2) los relativos a la corrupción percibida en ámbitos institucionales específicos, tales como las comisiones de derechos humanos, los medios de comunicación, el sector empresarial, etc.; 3) los relativos a la calidad percibida del gobierno, y 4) los relativos al costo económico que tienen los delitos tanto para los hogares como para las empresas.
Debe destacarse también, que el ejercicio estadístico realizado recoge datos para el periodo 2011-2018, y que los resultados finales provienen de los promedios obtenidos en cada uno de los indicadores seleccionados, así como de su estandarización y ponderación final.
Finalmente, debe precisarse que la corrupción es percibida de manera generalizada en el país; y que, en ese contexto, sería perverso interpretar que las entidades que obtienen los valores con menor carga negativa están desarrollando un “trabajo adecuado” en la prevención y combate a este flagelo. Por el contrario, debe decirse que en todas las entidades se tienen problemas graves, y que el sentido de este índice se encuentra en dimensionar los ámbitos en donde las condiciones críticas son más agudas y profundas. Así, el índice cuenta con cinco dimensiones y un índice general, cuyos resultados son los siguientes, en una escala del 0 al 10, en el que 0 es el peor valor posible y el 10 el mayor valor registrado por las entidades:
1. Corrupción institucional. En esta dimensión las entidades con mayor corrupción percibida son: Ciudad de México, con un índice de 0.001; Puebla, con un valor de 0.148; Oaxaca, con 0.178; Estado de México, con un valor de 0.223; Tabasco, con un indicador de 0.228; Jalisco, con 0.329; Nayarit, con 0.355; Chiapas, con 0.364; Veracruz, con 0.370; Guanajuato, con 0.378; Guerrero con 0.388 y Michoacán, con 0.389.
2. Corrupción en ámbitos de proximidad. Dimensión en la que se consideran variables respecto de la corrupción percibida en entornos familiares, círculos de amistad, espacios laborales, etc. Las entidades con los peores valores son: Oaxaca, con 1.7; Puebla, con 2.6; Tabasco, con 2.7; Michoacán, con 2.9; y la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, con un valor de 3, en la citada escala de 0 a 10.
3. Calidad de servicios públicos. En esta dimensión se consideran las calificaciones otorgadas por la ciudadanía a los principales servicios públicos municipales, estatales y federales, en lo relativo a la calidad y oportunidad de los mismos. Los estados en los que se obtienen los peores resultados son: Tabasco, con un valor de 0.6; Guerrero, con 1.7; Ciudad de México y Veracruz, con 1.9; Estado de México, con 2.1; Oaxaca, con 2.3; Puebla, con 2.5; Morelos con 2.6; Chiapas, con 2.7 y Quintana Roo, con 3.1.
4. Corrupción en las instituciones de seguridad nacional y seguridad social. En esta dimensión, los peores valores se obtienen en las siguientes entidades: Ciudad de México, con 1.1; Puebla, con 1.7; Oaxaca, con 1.9; Quintana Roo con 2.1; Tabasco, con 2.2; Estado de México, con 2.5; Chiapas y Morelos, con 2.9; Veracruz con 3.1; Michoacán con 3.2 y Guerrero, con 3.5.
5. Costo económico del delito; en cuya dimensión se considera el costo del delito para los hogares y las unidades económicas, pero también presencia de vandalismo o de inseguridad en las colonias. En este rubro, los estados con peor desempeño son: Ciudad de México, con 1.1; Estado de México, con 2.2; Tabasco y Puebla, con 2.9; Jalisco con 3.1; Morelos y Oaxaca, con 3.3, respectivamente; y Zacatecas y Sinaloa, con 3.4 puntos cada uno, en la citada escala de 0 a 10.
Índice general de corrupción
Como se ha señalado, los valores de las distintas dimensiones que integran el índice fueron promediadas y ponderadas, encontrándose que las entidades donde hay una mayor corrupción percibida son: Ciudad de México, con un valor de 1.4; Tabasco, con 2; Oaxaca, con 2.1; Puebla, con 2.2; Estado de México, con 2.5; Morelos, con 2.8; Guerrero con 2.9 y Veracruz, con un valor de 3 puntos en la escala de 0 a 10.
