El Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, sustituyó la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad a Aguirre Ibarra, quien el lunes por la tarde abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
Según el resolutivo al que se tuvo acceso, además de la obligación de cubrir la garantía de 30 millones, Ortiz también le impuso como condiciones la prohibición de salir del país sin autorización judicial, presentarse cada 15 días a firmar el libro de procesados del juzgado y el uso de un localizador electrónico.
Durante el sexenio de Padrés, el Gobierno de Sonora otorgó contratos de mil 160 millones 892 mil 62 pesos a las empresas No. 1 Sonora Apparel y Confección Industrial, propiedad de Aguirre Ibarra y Javier Oviedo Casillas.
De acuerdo con la PGR, tras la adjudicación de un contrato por 260 millones de pesos a sus empresas, otra compañía de Aguirre Ibarra depositó 3 millones 312 mil 175 dólares a una cuenta de los hermanos de Padrés.
En tanto, Olivarría Mendoza quedó en libertad provisional tras cubrir una garantía de 15 millones de pesos.
Procesado por lavado de dinero, Olivarría abandonó el 28 de diciembre el Penal Federal de Ocampo, Guanajuato, tras conseguir que un juez ordenara sustituirle la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Se le imputa el presunto lavado de 37 millones 691 mil 28 pesos, los cuales presuntamente habría depositado la Secretaría de Hacienda de Sonora a una empresa de la que era apoderado legal.
El imputado era representante de las compañías del empresario textilero Mario Humberto Aguirre Ibarra, a quien la PGR señala de sobornar a Padrés, a cambio de conseguir los contratos de uniformes escolares durante su gobierno.
