Ciudad de México. El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el intento de militarizar la seguridad pública y la procuración de justicia con la creación de la Guardia Nacional; y alertó que la reciente convocatoria del gobierno federal para el reclutamiento de quienes conformarán esa corporación y el anunció en el Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones en estos días para aprobar la reforma constitucional que daría paso a la Guardia “intentan construir una narrativa de decisión tomada que atenta directamente contra la independencia del poder legislativo”.
Las 300 organizaciones y personas que conforman este colectivo llamaron al Congreso a cumplir con las audiencias y debates con expertos, académicos, representantes de la sociedad civil, entre otros, en torno a este tema, y que esto no se convierta en una simulación.
Recordaron que hace más de un año, el colectivo, organismos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia, especialistas en temas de seguridad y ciudadanos preocupados por las consecuencias de la estrategia contra el crimen organizado de los últimos años pelearon contra la Ley de Seguridad Interior, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara inconstitucional.
“Ahora, la historia se repite en una modalidad más peligrosa: la Guardia Nacional,
propuesta por el nuevo gobierno que busca pasar del fraude a la Constitución a la militarización desde la misma, a pesar de todo el dolor y evidencia que en 12 años nos ha demostrado que ésta no debe ser la vía”.
En un posicionamiento público, este lunes el colectivo #SeguridadSinGuerra advirtió que se ha constatado “la falta de argumentos y el desprecio a la evidencia que en el debate público han mostrado quienes defendieron la Guardia Nacional el pasado mes de diciembre”.
Recordó en ese sentido que 16 personas, entre ellas el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, comparecieron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, posicionándose en contra del proyecto de militarización. Sin embargo, el dictamen votado y aprobado por dicha comisión borró cualquier consideración o evidencia mostradas por quienes acudieron”.
Los miembros del colectivo subrayaron que las presiones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en los legisladores “impusieron un proceso de simulación que derivó en la incorporación de reservas al dictamen original, que de ninguna forma resuelven los problemas del proyecto de reforma constitucional.
“Nuestro colectivo estuvo presente, se manifestó contra la simulación y solicitamos a la Comisión que se volviera a consultar y se abriera un proceso más amplio y representativo. Hoy, reconocemos la voluntad de los liderazgos en el Congreso, quienes impidieron que la votación en el Pleno de la Cámara se llevara acabo.
Sin embargo, los recientes anuncios y acciones del gobierno federal (como la convocatoria a jóvenes para integrarse a una corporación aún inexistente o el anuncio de un periodo extraordinario para votar la reforma) intentan construir una narrativa de decisión tomada que atenta directamente contra la independencia del poder legislativo”.
#SeguridadSinGuerra estimó que las audiencias que se realizarán esta semana en la Cámara de Diputados no deben ser usadas para imponer la mayoría de la razón a la razón misma, por lo que exhortó a los legisladores a incorporar una serie de propuestas metodológicas.
Una es que la Junta de Coordinación Política y los diputados que moderarán y asistirán a las mismas, adopten un cuestionario que se adjunta en el posicionamiento del colectivo, el cual deberá ser contestado en su totalidad para incorporarlo al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, “por tratarse de preguntas fundamentales sobre los efectos del despliegue militar, transparencia y funcionamiento de la Guardia Nacional, y desmilitarización de la seguridad pública”.
Otro es que se brinden las facilidades para la instalación in situ de un Comité Ciudadano de Acompañamiento en las audiencias, que elaborará una relatoría de cada mesa y presentará un dictamen ciudadano al final de éstas, el cual debe ser incorporado al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Uno más es que se permita la participación del Comité Ciudadano de Acompañamiento para realizar al menos un cuestionamiento a cada ponente, con el objetivo de desahogar e incorporar las inquietudes de la sociedad civil.
Y finalmente que se convoque a participar en las audiencias a colectivos de víctimas y quienes les acompañan. “La voz de quienes han padecido excesos de las fuerzas armadas y/o buscan a sus seres amados, es necesaria en el desarrollo del debate público, para que el mismo sea considerado suficiente. Legislar con evidencia y en parlamento abierto es más necesario que nunca.
Si en verdad los tiempos han cambiado y quienes hoy gobiernan y legislan son diferentes, no puede actuarse de la misma forma, usando al Congreso de la Unión como una ventanilla de trámite. Para construir paz, reafirmamos, aquí estamos y estaremos”.
