Ciudad de México. Este lunes 7 de enero se prevé sean presentadas las reglas de operación del programa de la Zona Libre en la Frontera Norte (ZLFN) que deberán cumplir las empresas que quieran obtener los créditos fiscales con los cuales podrán tener una reducción en las tasas del impuesto sobre la renta (ISR) del 30 al 20 por ciento y del impuesto al valor agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento.
El alcance y éxito del programa, indicaron especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dependerá de cuántas empresas se suman al mismo porque es de carácter voluntario y también a que, en el caso del ISR, puedan cumplir con los requisitos para integrarse a un padrón manejado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Si bien el programa comenzó formalmente hace una semana y hubo comercios que intentaron aplicar desde entonces la reducción del IVA a sus clientes, la mayoría no lo hizo hasta estar seguros de las reglas de operación y para evitar reponer la diferencia de 8 por ciento de dicho impuesto en caso de que las autoridadades no les hiciera efectivo el crédito fiscal.
“En los discursos oficiales se anunció que todo mundo tendrá derecho a estos beneficios fiscales pero la realidad es que se tiene que analizar cada caso porque no todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial van a acceder a esa posibilidad”, expresó Jorge Ayax Cabello, auditor financiero del IMCP.
“Técnicamente estamos hablando de una opción, no de una obligatoriedad, pero una opción sujeta a ciertos requisitos”, remarcó Reginaldo Esquer Felix, presidente de la comisión fiscal la Coparmex. Además de las empresas importadoras, inmobiliarias o las que se dedican a los bienes intangibles y suministro de contenidos digitales como audio o video que quedaron excluidas de dichos beneficios, habrá otros negocios que tampoco se interesen en solicitar tales beneficios o no califiquen para ello. Incluso habrá compañías que soliciten los descuentos para ambos impuestos pero quizá sólo se les dará el de ISR pero no el del IVA, o viceversa, porque los requisitos son distintos, abundó Esquer Felix.
Para asalariados no hubo descuento en ISR
En contraste, todas las empresas ubicados en los 43 municipios de los 6 estados que abarca la ZNFN que tienen trabajadores a los que pagan salario mínimo quedaron obligadas, sin excepción “porque ahí no es de que quieran o no”, a pagarles el doble desde el pasado primero de enero, es decir 176.72 pesos en lugar de los 88.36 pesos que estuvieron vigentes durante 2018, sostuvieron ambos especialistas.
Incluso Ayax Cabello destacó que para un trabajador asalariado de la frontera norte, la reducción del ISR “no le significará nada” porque el beneficio sólo está contemplado para las empresas, ni tampoco tendrá un aumento en sus ingresos si no gana un salario mínimo.
Si bien aclaró que el número de trabajadores que perciben un minisalario mínimo en el país (apenas 200 mil) y particularmente en la frontera, como efectos “colaterales” del aumento los patrones tendrán que pagar más en las aportaciones a la seguridad social ya que “deben erogar 20 centavos por cada peso de sueldo que pagan, es decir 20 por ciento”.
Así que una empresa puede quedar entre la espada y la pared si no obtiene las reducciones de IVA e ISR, pero tiene que pagar el doble de salario más el incremento en cuotas patronales; “eso la puede matar”, advirtió. Si todas estas medidas del programa de la ZLFN llegan a impactar negativamente a las empresas, con el cierre de algunas o la reducción de empleos formales, se verá hasta que el IMSS informe sobre el número de trabajadores asegurados durante el primer mes de 2019.
El especialista del IMCP consideró que el SAT cuenta con los elementos para determinar y controlar el número de empresas que tengan derecho a los beneficios o créditos fiscales anunciados porque se les pide firma electrónica y buzón tributario activo. Es una manera, consideró, “de meterlas al carril como contribuyentes” pero al mismo tiempo destacó que la Ley de Confianza Ciudadadana, pendiente de aprobación en el Congreso y con la que se prevé reducir las auditorías del SAT, puede servir de contrapeso.
