El objetivo para lo largo del sexenio es prescindir de 222 mil 515 trabajadores, pues se plantea una reducción del 70 por ciento de las 317 mil 979 plazas de confianza.
El plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ya provocó, en los primeros 38 días de su gobierno, que 12 mil 817 personas perdieran su empleo o sepan que lo van a perder, pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo con denuncias de los mismos afectados, quienes en diversas manifestaciones públicas y testimonios en redes sociales, acusan que fueron notificados sin previo aviso y les hicieron firmar las renuncias con métodos ilegales, hostigamiento y sin ninguna garantía de liquidación.
El objetivo para lo largo del sexenio es prescindir de 222 mil 515 trabajadores, pues se plantea una reducción del 70 por ciento de las 317 mil 979 plazas de confianza.
El caso más sonado ha sido el de los trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) donde, de acuerdo con Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, han tenido contacto con más de dos mil personas despedidas de esta dependencia, las cuales buscan defenderse legalmente.
El recorte también llegó a 900 empleados del DIF en la Ciudad de México, según la denuncia de trabajadores el 28 de diciembre. Directivos de la nueva administración, encabezados por Esthela Damián Peralta, les solicitaron la renuncia a más de 150 empleados de estructura y despidieron a 750 trabajadores que laboraban por honorarios, con liquidaciones menores a las que marca la ley.
También, vía Twitter, el 21 de diciembre se denunció el despido de 500 empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “La excusa es que la austeridad obliga a eliminar el Programa de Empleo Temporal. Les avisaron a través de una videoconferencia y sólo les dieron las gracias. Así no López! #CPT”, escribió la organización ConsultaParaTodos #CP, en su cuenta de Twitter, donde compartió varios videos de la forma en que los empleados fueron notificados.
En ProMéxico, dependencia de la Secretaría de Economía, fueron despedidos 300 de los 400 empleados, pero los otros 100 también correrán la misma suerte en un proceso que concluirá en marzo.
“En ProMéxico ya quedamos muy pocos, pero también nos van a despedir, pero eso no es lo peor, nos quieren echar a la calle sin ningún tipo de liquidación. Esa es la línea que traen los abogados de la Secretaría de Economía. Federico Villaseñor, que no trae nada por escrito, ya les está diciendo a los titulares que le digan a su gente que ya adiós, que no va a haber liquidaciones. Que demanden, que hagan lo que quieran, pero que ya se vayan”, comentó a El Financiero una empleada de ProMéxico que aún no ha sido despedida, pero que espera resignada lo que “será inminente en los próximos días”.
“No hay justificación para despedir, no ganamos mucho y no somos aviadores, tampoco merecemos el trato prepotente y amenazante”, comentó uno de las despedidos.
Están también los mil 80 de la Procuraduría de Justicia capitalina a quienes, de acuerdo con la dependencia, se adecuará su situación laboral, por lo que se iniciará una reestructuración y para ello se les solicitó desocupar las plazas que desaparecerán. Ante ello, los trabajadores demandan certeza laboral, pues “primero se les están exigiendo desocupar las plazas para después ver si los recontratan o no”.
En el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el 31 de diciembre que se recortarán mil 700 plazas de servidores públicos y alrededor del 30 por ciento de los trabajadores en el esquema de honorarios.
Están también los 665 que incluyó el reajuste en la Secretaría de Gobernación y los mil 805 que salieron de la planta laboral de esa dependencia y que buscarán reacomodo en la nueva Secretaría de Seguridad Pública.
En la Comisión Reguladora de Energía el recorte en el Presupuesto para 2019 provocará el despido de 367 trabajadores eventuales, según notas periodísticas. En Tabasco, empleados del Seguro Popular se manifestaron el jueves en las oficinas de esa dependencia, para protestar por el despido de 500 vía WhatsApp, sin documentos oficiales de por medio. En otras dependencias como la Secretaría de Cultura, el IMSS, la Sedesol y Presidencia, también hay despidos, aunque hasta el momento se desconocen las cifras.
Entre las quejas de los trabajadores está que no solo están perdiendo empleos en los que llevaban 10, 15 o 30 años de antigüedad, sino que se van con las manos vacías, pues en muchos casos los quieren hacer firmar la renuncia sin liquidación.
En redes sociales circulan videos, cartas y testimonios de decenas de empleados que han sido despedidos “sin liquidación e ilegal a todas luces”. En otros casos se reclama el pago de favores como causa del despido, como el del director del ILCE (Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa), Arturo Velázquez.
“Al pago de favores como lo calificamos? Robo? Mentira? Traición al Pueblo? Arturo Velázquez, Dir de @ILCEedu, tuvo que presentar su renuncia forzada p/dejar su puesto a Enrique Calderón Alzati, presidente de Fundación Rosenblueth, encargada de las consultas populares. Así no López!#CPT”, escribe uno de los afectados en Twitter.
