Ciudad de México— La Academia Mexicana de Impacto Ambiental A.C. (AMIA) aseguró que es difícil concebir que el Tren Maya sea legitimado a través de un permiso a la “Madre Tierra” y sin atender el régimen jurídico, y urgió al Gobierno federal a cumplir con la evaluación de impacto ambiental.
“Como Academia, hacemos una atenta y cordial invitación a que el Gobierno Federal someta el proyecto conocido como Tren Maya al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que se asegure que el mismo cumpla con las demás disposiciones jurídicas en materia ambiental tales como la obtención de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, expresó la AMIA en un pronunciamiento público.
Tras la ceremonia maya del 16 de diciembre en la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió anuencia a la “Madre Tierra” para construir el Tren Maya, la AMIA señaló que las costumbres y creencias de los pueblos indígenas son de gran trascendencia, pero enfatizó que ese proyecto de infraestructura no puede legitimarse sin el cumplimiento a la ley ambiental.
“Es difícil concebir que un proyecto de la trascendencia del Tren Maya sea legitimado o incluso autorizado a través de un permiso a la ‘Madre Tierra’, aun cuando sea a través de un ritual de pueblos indígenas, sin la debida observancia del régimen jurídico nacional e internacional; máxime cuando el presunto trayecto cruza por zonas de incalculable valor ambiental y de gran fragilidad de sus ecosistemas”, planteó.
La Academia consideró que no se trata de hacer las cosas con cariño, sino de adoptar medidas de control, prevención, mitigación y, en su caso, compensación, aplicables a las circunstancias específicas de la obra y el entorno ambiental en el que se pretende desarrollar.
“Vemos con gran preocupación que al momento no se han identificado ni evaluado los impactos que la sola presencia del mismo proyecto podría causar sobre los ecosistemas, y cuyos efectos podrían ser incluso irreversibles.
“Resulta de la mayor importancia el que todo proyecto, toda obra –pública o privada–, se sujete a las disposiciones jurídicas que en materia de medio ambiente se encuentran vigentes en nuestro país, incluyendo los tratados internacionales ratificados por México en la materia”, indicó.
La AMIA pidió al Gobierno federal garantizar que el proyecto sea compatible con los programas de ordenamiento ecológico, se respeten los decretos y planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y se protejan los derechos humanos de las comunidades indígenas y de todos los mexicanos que podrían verse afectados con la construcción y operación del Tren Maya.
Asimismo, demandó que se privilegie el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia durante la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y, en su caso, abandono de la obra.
