Después del trasiego de drogas, el robo a combustible en México se ha convertido en uno de los delitos con mayores ganancias para el crimen organizado, que ha aumentado de manera exponencial su actuación.
De acuerdo con datos de Pemex, en el 2014 se localizaron un total de 3,635 tomas clandestinas; un año después se detectaron 5,252; para el 2016 la cifra escaló a 6,873, mientras que el año pasado las tomas alcanzaron 10,363.
En tanto que, entre enero y septiembre pasados, la petrolera nacional registró 11,240 tomas clandestinas.
Según declaraciones del mismo director de Pemex, Carlos Treviño, el huachicoleo le costará a la petrolera nacional durante el 2018 unos 35,000 millones de pesos.
Según Rubén Salazar, director de la consultoría de riesgos Etellekt, que analiza el robo de combustible en el país, al día se roban unos 60,000 barriles, equivalentes a unos 7 millones de litros “sólo de refinados; imagínate el hueco fiscal que generó eso, en este año, 2018”, dijo Salazar.
El directivo de la consultoría afirmó que, en estados del centro del país como Puebla o Guanajuato, entidades que tanto el año pasado como éste se encuentran entre los punteros en registros de tomas clandestinas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas son las organizaciones delictivas que controlan el trasiego de combustibles hurtados.
Mecanismo a seguir para el problema
Andrés Manuel López Obrador anunció que sobre el robo de combustibles se generará un plan de acción para combatirlo que incluirá el endurecimiento de la legislación sobre el tema.
En este sentido, hace algunos días el Senado de la República aprobó una reforma para tipificar el robo de combustible como delito grave que amerite prisión preventiva.
Este tipo de acción, indicó Salazar, de Etellekt, demuestra que hay “inexperiencia” entre el equipo y legisladores del presidente mexicano, ya que la reforma que se impulsa busca castigar a la población y no a los grandes consumidores.
“Lo que hemos visto es que, aun cuando ya habías aumentado esas penas, pues realmente no tuvo un resultado esperado en reducir el robo y esto porque la ley en sí misma no te va a permitir combatirlo, necesitas otros tipos de instrumentos”, comentó.
Salazar refirió que en el tema se deben incluir tanto a los gobiernos estatales —que se han deslindado del problema— como al SAT.
