A nivel nacional, los juzgadores negaron que ganen 600 mil pesos, como se ha señalado.
Integrantes del Poder Judicial de la Federación protestaron por la supuesta campaña de desprestigio en su contra, pues consideraron que los quieren hacer ver como oportunistas y que sólo velan por su beneficio personal.
Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega, negaron que sus salarios sean de más de 600 mil pesos como se ha señalado.
“Nada más falso”, sostuvo al dar un mensaje a manera de protesta afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, en la Ciudad de México.
El también magistrado afirmó que en un régimen democrático donde haya una auténtica división de poderes no se permiten jueces dóciles ni al servicio de nadie. Esto luego de que el viernes se suspendiera la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La protesta, convocada por la asociación, se replicó en varias sedes judiciales a lo largo del país, donde jueces y magistrados dieron un posicionamiento para alertar del riesgo que implica lo que consideraron una intromisión por parte del poder ejecutivo y legislativo.
En total, mil 410 juzgadores participaron en la lectura del posicionamiento a manera de protesta en 30 edificios del Poder Judicial a nivel nacional.
Luis Vega consideró que las propuestas que se han presentado para reformar al Poder Judicial de la Federación, son un intento de intromisión indebida por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
“El conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constancia de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, aseguró.
Hasta el cierre de esta edición, ya se habían presentado mil 56 demandas de amparo contra esta ley por parte de 4 mil 676 personas.
Entre los presuntos agraviado se encuentran 354 jueces, 386 magistrados, mil 579 secretarios, 353 actuarios, 872 oficiales.
El resto de los demandantes que buscan amparo en contra de la normativa que regula los salarioscorresponden a integrantes de paraestatales y dependencias federales.
Se incluyen funcionarios de Petróleos mexicanos, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Competencia Económica, el IPN, el Cisen, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Gobernación, entre otras instituciones.
POR DIANA MARTÍNEZ
jrr
