Los secretarios de juzgados y tribunales señalaron que condicionar el salario de servidores públicos al del titular del Ejecutivo es una muestra del presidencialismo
A poco más de un mes de que se publicó el decreto de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, ya suman 862 demandas de amparo contra esta norma.
Estás contemplan a 4 mil 74 personas, de las cuales 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales judiciales y el resto de otras dependencias como Pemex, la Procuraduría General de la República, el Cisen, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Competencia Económica.
En el caso de los funcionarios judiciales, además de criticar esta ley, señalaron en sus demandas de garantías la otras reformas impulsadas y que afectan al Poder Judicial como la rotación de jueces y magistrados.
Los secretarios de juzgados y tribunales señalaron que condicionar el salario de servidores públicos al del titular del Ejecutivo es una muestra del presidencialismo.
“Los ataques a la independencia judicial, cuya preservación también nos atañe como operadores jurídicos y parte del equipo de trabajo del juzgador, se encuentran ya producidos y ello nos faculta para instar la acción de amparo; ataques a los principios fundamentales de la Constitución, que al parecer no serán los únicos, pues en próximos días se habrá de aprobar un presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil diecinueve que, además de los daños jurídicos que ya nos genera la simple existencia de la ley que regula nuestras remuneraciones, podría incrementarlos si estableciera una reducción de nuestras percepciones”, indicaron los secretarios en una de las demandas.
Por Diana Martínez
