La reforma, aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como abuso sexual, desaparición forzada, el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, así como organizaciones y la CNDH se manifestaron en contra porque consideran que vulnera los derechos humanos.
El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción.
De acuerdo con el dictamen, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.
La reforma, que fue aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra, también establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El documento aprobado faculta al Congreso para que en 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Otras de las modificaciones que se realizaron en el pleno son un artículo transitorio que señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.
En tribuna el senador Emilio Álvarez Icaza expuso que esta reforma constitucional es una pieza sustantiva de la estrategia del combate a la inseguridad del actual gobierno, pero como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios.
“Los estudios del Inegi señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”, apuntó.
El panista Damián Zepeda criticó la reforma al asegurar que se aprueba mandar a alguien a la cárcel sin comprobar su culpabilidad.
“Lo que hoy estamos haciendo es que no exista una valoración, que de manera automática, sin ninguna valoración, siempre se mande a la cárcel a una persona que no ha sido encontrada culpable, porque podemos debatir y decir: ‘no, es que no es pena, porque es una medida cautelar’, ¿está en la cárcel la persona sí o no con prisión preventiva oficiosa? Claro que sí, hasta 2 años de su vida”, expuso al posicionarse en contra.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que esta medida sería una regresión en el sistema de justicia, pues considera que no abona “a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria”.
Para el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se trata de una figura que debe eliminarse porque “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas. Adempas afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa.
Bajo las etiquetas #NoALaCárcelSinPena #NoALaPenaSinJuicio, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Equis Justicia, México Evalúa se pronunciaron contra la iniciativa al considerar que con ella, las personas serán tratadas como culpables hasta que se demuestre lo contrario, por lo que solo simular eficiencia en el combate a la inseguridad.
El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), respaldó la reforma que forman parte de las nuevas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y agregó que este cambio legal atiende el problema de la impunidad en la procuración y la administración de la justicia.
Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la prisión preventiva es una medida cautelar cuyo objetivo es que los indiciados no se sustraigan de la justicia, como ocurre actualmente con la llamada “puerta giratoria” que permite su pronta liberación, por lo que respaldó la reforma a nombre esa bancada.
Con información de Notimex
