La panista dijo que acudirá a la CIDH para que ‘a través de una medida cautelar, se garantice el debido proceso legal ,el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales’.
PUEBLA.- En la víspera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina si se anula o no la elección para gobernador en Puebla, la panista Martha Erika Alonso indicó que acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para defenderse del “fraude institucional” que, aseguró, se le quiere hacer.
La aún gobernadora electa criticó la propuesta de resolución del magistrado José Luis Vargas, en la que se establece que se deben anular las elecciones a gobernador del 1 de julio, revocar la constancia de mayoría de la panista y convocar a elecciones extraordinarias, al considerarse que se violó la cadena de custodia del material electoral.
Alonso señaló que el sentido del proyecto y el hacerlo público anticipan un fraude institucional en su contra por lo cual “para reforzar nuestra defensa vamos a elevar el tema internacionalmente, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de una medida cautelar, se garantice el debido proceso legal , el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para la resolución definitiva del caso (…) sin intervención de agentes externos”.
Consideró que el sentido del proyecto es injustificado pues el resultado electoral ha sido auditado en seis ocasiones; “se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes y que la diferencia siempre ha sido por más de 100 mil votos”, señaló.
Dijo que no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido violada, amén de que el reglamento interno del TEPJF apunta que los magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, así como informar a las partes involucradas o a cualquier otra persona el sentido de un proyecto antes de que se resuelva.
“Reprobamos categóricamente este proyecto de nulidad porque carece de certidumbre, imparcialidad y legalidad, y confunde a la opinión pública”, sentenció.
