El representante del PAN presentó una solicitud de impedimento ante la Sala Superior del TEPJF ya que José Luis Vargas anunció que su proyecto de sentencia está orientado a la anulación.
Ciudad de México.- La coalición que impulsó la candidatura de Martha Erika Alonso al Gobierno de Puebla exigió acotar el margen de maniobra del Magistrado José Luis Vargas, que ayer anunció que su proyecto de sentencia está orientado a la anulación de la elección.
El representante de la coalición Por Puebla al Frente y a su vez del Partido Acción Nacional, Óscar Pérez Córdoba Amador, presentó una solicitud de recusación o impedimento ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal para que el Magistrado se abstenga de conocer los juicios promovidos por Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato de Morena.
“Al publicar en una cuenta personal de Twitter un proyecto de sentencia sobre un asunto aún no discutido ni resuelto, el Magistrado Vargas Valdez vulneró el deber de confidencialidad de los expedientes e incurrió en la prohibición de hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo (en este caso no sólo el sentido, sino también las consideraciones), ambos contemplados en el artículo 146 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, señala la solicitud presentada.
Además, de acuerdo con el recurso, el juez “atrajo injustificadamente la atención a su persona en detrimento del comportamiento institucional que debe regir la función de un juzgador electoral, lo que, además, pone en duda la imparcialidad y la objetividad con la que debe conducirse, pues, con dicha publicación, se prejuzgó el asunto sometido a su conocimiento, de tal suerte que en lugar de resolver jurisdiccionalmente las dinámicas políticas, su actuar ha politizado aún más la resolución del asunto”.
“De la misma forma, se violó el deber de esforzarse para que la imagen y prestigio de la institución a la que pertenecen los servidores judiciales sea respetada, evitando en todo momento, con su conducta, comprometer la independencia, imparcialidad y objetividad de su actuación pública, realizando las labores encomendadas y desechando presiones e intereses extraños, de manera que se abstendrán de admitir recomendaciones que influyan en el trámite o resolución de los asuntos sometidos a su potestad”.
El proceder de Vargas Valdez, según la coalición, “vulneró los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, independencia y confidencialidad”.
El recurso concluye que el Magistrado “actuó de manera arbitraria e irresponsable al difundir en sus redes sociales el proyecto citado, sin que existiera el acuerdo correspondiente del Pleno de la Sala a través de los mecanismos institucionales –por ejemplo, en la página de internet o en los estrados–, omisión que corrobora la ilegalidad apuntada y la necesidad de evitar que dicho Magistrado continúe poniendo en riesgo la validez de la elección de Gobernador del Estado”.
