CNDH emitió recomendación por violaciones al derecho a la vida en el caso Ayotzinapa
El estrecho vínculo entre las autoridades locales y el crimen organizado en Guerrero fue el principal detonante que llevó a la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH).
A tres días de que finalice el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional, Luis González Pérez, presentó la recomendación 15VG/2018 en la que revela que las condiciones de “ilegalidad, corrupción e impunidad” que se viven en el país llevó a que el 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 también resultaran afectadas seis personas que perdieron la vida y lesiones a otras 42, en su mayoría civiles que iban pasando.
“Un crimen de las dimensiones que se presentó en Iguala sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”, reconoció en una conferencia que duró más de siete horas.
En su investigación, que comprende más de un millón de páginas, la CNDH documentó que las autoridades federales, principalmente la PGR, perdieron y contaminaron evidencias, ocultaron información y violentaron el derecho a la verdad de las víctimas.
Se dijo que la PGR subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas (fragmentos de huesos temporales), así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada en el río San Juan se encontraban otras tres porciones petrosas y 21 elementos odontológicos que de haberse sometido a pruebas de ADN hubieran avanzado en conocer el destino de los normalistas.
También, que no se investigó a las autoridades federales, estatales y municipales, quienes se enteraron a través del Centro de comando C-4 que “algo muy grave” sucedía en Iguala; sin embargo, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención.
González Pérez indicó que corresponderá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual la presente recomendación constituye un punto de partida”.
POR RICARDO ORTIZ
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