Con la reforma se prevé que los funcionarios públicos que estén incluidos en el artículo 111 serán sujetos a proceso penal, pero podrán enfrentar el proceso en libertad sin que se les quite su inmunidad hasta que reciban una sentencia.
Se propone que las medidas cautelares no puedan ser la privación, restricción o limitación de la libertad durante la investigación a estos funcionarios.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados discute este martes las reformas para dar paso a la eliminación del fuero a funcionarios públicos. El dictamen propone que el Presidente el funciones y los servidores públicos puedan ser investigados.
Los legisladores discuten en la sesión de este martes la propuesta de reforma al artículo 111 para quitar la protección del fuero al Presidente de la República para que pueda ser investigado mientras esté en funciones y por cualquier delito y no sólo por traición a la patria.
En la reforma que se propone a ese artículo se busca establecer que “la o el Presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”.
Con la reforma se prevé que los funcionarios públicos que estén incluidos en el artículo serán sujetos a proceso penal, pero podrán enfrentar el proceso en libertad sin que se les quite su inmunidad hasta que reciban una sentencia.
Se propone que las medidas cautelares no puedan ser la privación, restricción o limitación de la libertad durante la investigación a estos funcionarios.
El dictamen que se discute este martes también propone que las y los gobernadores de los Estados y la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como los diputados y los magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, quienes también gozan de inmunidad, son sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales.
