El Poder Judicial, cuyos salarios están protegidos por la Constitución, ha sido uno de los que más ha cuestionado la ley, ante la advertencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que sólo ganará 108 mil pesos mensuales.
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió este lunes a trámite una acción de inconstitucionalidad que busca la invalidez de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre.
La acción fue promovida el jueves pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán.
La admisión de la demanda no suspende la vigencia de la ley, que prohíbe a cualquier funcionario ganar más que el presidente de la República y elimina otros beneficios.
El Poder Judicial, cuyos salarios están protegidos por la Constitución, ha sido uno de los que más ha cuestionado la ley, ante la advertencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que sólo ganará 108 mil pesos mensuales.
La CNDH pidió a la Corte revisar el procedimiento del Congreso para aprobar la ley, lo que puede llevar a su invalidez total.
La Cámara de Diputados mantuvo guardada durante años la minuta que le había enviado el Senado, y la aprobó en fast track cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumió su mayoría en septiembre pasado.
El Ombudsman Luis Raúl González Pérez también pidió anular 10 de los 17 artículos de la ley, del 5 al 8 y del 12 al 17, así como reformas al Código Penal para sancionar a quien gane más de lo permitido.
Los artículos impugnados definen las remuneraciones permitidas, prohíben pagar pensiones no previstas en ley, y vetan que el Gobierno absorba impuestos de las prestaciones de sus empleados.
“En el acuerdo de admisión se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación”, informó la Corte.
Eso quiere decir que, en el Ejecutivo, la defensa de esta ley tocará a la Administración que asume el próximo sábado, cuyo consejero jurídico será Julio Scherer.
La Corte no tiene plazo para resolver esta acción y sus vacaciones inician el 15 de diciembre.
Sin embargo, tanto el Congreso como el Ejecutivo pueden pedir que se dé trámite prioritario al caso, con lo que podría dictarse sentencia en unos dos meses.
Se requiere el voto de al menos ocho Ministros para invalidar la ley.
Texto: Víctor Fuentes, Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
