Además, el exgobernador de Sonora deberá presentarse cada 15 días al juzgado, no podrá salir del país sin autorización y tendrá un localizador electrónico
Ciudad de México.- A Guillermo Padrés lo separan 140 millones de pesos de su libertad.
En agosto pasado un juez federal le impuso el pago de una garantía de 100 millones de pesos en el juicio por defraudación fiscal y esta tarde otro impartidor de justicia le fijó una garantía de 40 millones para gozar de la libertad en el proceso por lavado de dinero
Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, concedió ayer al exgobernador de Sonora la sustitución de la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares en el juicio que le instruye por lavado.
Además del pago de una garantía de 40 millones de pesos, Ortiz Marmolejo también le impuso la obligación de presentarse cada 15 días al juzgado a firmar el libro de procesados, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la colocación de un localizador electrónico.
Ortiz Marmolejo le impuso una garantía que es casi cuatro veces mayor a los 11 millones 186 mil 895 pesos que le imputan haber lavado en dicho proceso.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgador estimó como satisfechos todos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Miscelánea Penal de 2016, que ahora permite que los acusados de lavado lleven su proceso en libertad.
Padrés fue encarcelado el 10 de noviembre de 2016 y desde entonces se le han instruido dos juicios que lo han mantenido internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Además del caso de lavado en Toluca, en la capital del país Guillermo Urbina Tanús, juez décimo segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, le instruye un juicio por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos.
El pasado 16 de agosto Urbina también le concedió a Padrés la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, con la condición de que entregara su pasaporte, la prohibición de salir del país durante el proceso y el pago de una garantía de 100 millones.
El exmandatario nunca garantizó esta suma y, de hecho, impugnó la cantidad, ya que estimó que es muy alta.
Lo que es un hecho es que, a casi un año de que le cancelaran el delito de delincuencia organizada -único que impedía sustituir la prisión preventiva-, a Padrés ahora sólo lo separa de su libertad el pago de dos garantías que suman 140 millones de pesos.
Los dos juicios contra Padrés tienen como punto de partida la constitución de una empresa en Holanda de nombre Dolphinius CV para esconder sobornos que presuntamente empezó a recibir desde el 2011 de parte del empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, a cambio de adjudicarle contratos millonarios de uniformes escolares para la entidad.
Con información de Reforma.
