Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el colectivo #FiscalíaQueSirva denunciaron que aun cuando en días pasados se había alcanzado un acuerdo entre académicos, activistas, legisladores de Morena e integrantes del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para presentar un proyecto de Ley Orgánica para la creación de una nueva Fiscalía General autónoma e independiente, la bancada del partido mayoritario en ambas cámaras iniciará el dictamen de un proyecto distinto.
“Advertimos que, de aprobarse el proyecto de dictamen que ha trascendido, implicaría serios retrocesos con respecto al modelo de Fiscalía que se construyó previamente, y que ponía en el centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad”.
En un documento hecho público, las organizaciones recordaron que el pasado 10 de septiembre, integrantes de #FiscalíaQueSirva e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE, junto con el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, y la virtual titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentaron el proyecto de ley, que fue el resultado de 15 mesas de trabajo entre agrupaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición.
“Sin embargo, en días pasados, legisladores de la coalición con mayoría en ambas Cámaras han informado que esta semana se iniciará el proceso de dictaminación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, distinto al proyecto trabajado y presentado hace dos meses”, alertaron.
Esta iniciativa que estará por aprobarse, señalaron, presenta problemas como él que no garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficiencia y malas prácticas de la actual Procuraduría General de la República ni la independencia de los fiscales para investigar; posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General de la República desarrolle el proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la procuración de justicia.
Además “reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero, no brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el presupuesto necesario para contribuir a reducir los niveles de impunidad en el país, duplica las funciones de investigación a diferentes coordinaciones, limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas institucionales y desnaturaliza el Plan de Persecución Penal al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz para la rendición de cuentas de la Fiscalía”.
Ante esta preocupación, el colectivo hizo llegar a los líderes de bancada en el Congreso y al equipo de transición un documento con una serie de propuestas en las que refrendó que la construcción de una Fiscalía independiente de todo poder político y económico ha sido un trabajo colectivo en el que se han escuchado todas las voces y se han creado espacios propicios para el debate y los acuerdos.
“Consideramos que el proceso legislativo debe llevarse a cabo en el formato de parlamento abierto, sin dejar fuera a las víctimas y a la ciudadanía que han trabajado por transformar el actual sistema de justicia, por lo que hacemos un exhorto a los legisladores y al próximo gobierno a continuar con el diálogo para construir las instituciones que el país necesita”.
