Empleados de Tribunales y Juzgados buscan amparo; piden apoyo de ONU y CIDH

 

 

 

 

Secretarios de tribunales y juzgados de Distrito de todo el país comenzaron su estrategia de defensa contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos; analizan acudir ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos empleados judiciales crearon una Coordinación Nacional de Secretarios y algunos integrantes se reunieron con Víctor Rodríguez Rescia, un experto de Costa Rica en derechos humanos y quien ha sido relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta coordinación, que surge porque los jueces y magistrados hicieron su propio frente contra la reducción salarial sin tomarlos en cuenta, analiza la impugnación internacional ante la ONU y laComisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, secretarios consultados por este medio de comunicación, señalaron que antes deben recurrir al juicio de amparo, aunque, en paralelo, podría solicitarse a la ONU una medida cautelar antes de agotar los recursos nacionales.

Este comité de enlace tiene la instrucción de elaborar y entregar la demanda de amparo al doctor (Rodríguez Rescia) el viernes 9 de noviembre, a efecto de que tenga la oportunidad de revisar los planteamientos y confeccione los temas referentes a convencionalidad. Se presentará sólo un formato de demanda. Para ello se requiere la colaboración de todos, señala un documento enviado a los interesados.

La estrategia de comunicación también quedará en manos de Rodríguez Rescia, esto con la asesoría de una empresa trasnacional experta en el manejo de información.

Los magistrados armaron su frente y nunca nos contemplaron, tuvimos que buscar asesoría y ahora buscaremos ayuda internacional, pero se deben agotar los recursos internos, comentó un secretario de la Ciudad de México.

Los empleados judiciales consultados se consideran víctimas de un ataque que afecta incluso la independencia judicial.

Los objetivos de este grupo no son de índole político, mucho menos tienen como finalidad la de conformar una agrupación de algún tipo en lo particular.

Surge de la legítima preocupación de sus miembros de reflexionar en torno a las reformas, las posibles consecuencias que tienen en los derechos adquiridos.

Del mismo modo, busca aportar a quienes voluntariamente se integran, información veraz y oportuna; en su caso, recoger sus inquietudes, para que, buscando enlaces con las asociaciones previamente constituidas, puedan emprenderse las acciones necesarias para la defensa de estos derechos, indica uno de los documentos.

 

 

POR DIANA MARTÍNEZ

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