El objetivo es convertir el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., en una herramienta estatal.
Con el objetivo de convertir el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en una herramienta para el Estado, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) firmó un convenio de colaboración con dicho instituto.
El acuerdo es un primer paso para convertir un trabajo de la sociedad civil en una herramienta del Estado para combatir la corrupción, de acuerdo con Mariclaire Acosta, presidenta del CPC.
La especialista en temas anticorrupción destacó que tras la firma del acuerdo, se procederá a analizar qué mejoras se pueden realizar al IRC para implementarlo al servicio del SNA, después será sometido a una discusión interna del comité para después entregarlo al Consejo Técnico del SNA y posteriormente presentarlo al Comité Coordinador del mismo sistema.
Esta herramienta de análisis de las contrataciones públicas permitiría incluso actualizar las bases de datos existentes, como Declaranet. De acuerdo con el presidente del IMCO, Juan Pardinas, la herramienta permitirá eficientar la búsqueda de datos públicos.
“Compranet sería como el VHS de la tecnología de las compras públicas, tendríamos que movernos más a la era de Netflix. Y ésta (el IRC) ya se acerca más a un sistema transaccional, que la información no la tengas que cargar”, señaló.
El IRC es un estudio que evalúa el riesgo de corrupción, a través de las distintas prácticas de competencia, transparencia e integridad de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias del gobierno federal. Se analizaron 700 mil casos de contrataciones públicas federales realizadas entre 2012 y 2017.
A partir del convenio firmado el día de hoy entre el CPC y el IMCO se promoverán y desarrollarán actividades encaminadas a elaborar un Mapa de Riesgos para el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano con base en el IRC, y que dicha herramienta sirva para generar evidencia nacional y estatal.
