Impulsa iniciativa en el Senado contra el financiamiento irregular y uso de programas sociales, entre otros.
Morena en el Senado busca endurecer las sanciones en contra de quienes cometan delitos electorales entre ellos el financiamiento irregular, el uso de programas sociales e incluso propone tipificar conductas que no se incluyen en la ley, o bien se precisan y adaptan a las necesidades actuales de protección de bienes jurídicos, como la protección a los sistemas informáticos que se emplean por las autoridades electorales.
Respecto de los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales y partidistas, se plantea agravar determinadas conductas que lesionan la equidad de los procesos, así como contemplar la sanción de conductas en periodos de intercampañas que no se encuentran previstos en la ley.
La iniciativa que impulsa el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal plantea incrementar las penas de ciertos delitos y se agravarán algunas de las modalidades en que se cometen; además, quienes incurran en ellos no podrán acceder fácilmente a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, que contribuirá a desincentivar su realización.
También se incrementan las penas respecto de conductas que impliquen la alteración del Registro Federal de Electores.
El documento también incluye a los candidatos independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.
Plantea establecer conforme a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, al menos un Juzgado de Control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre sí.
La iniciativa recuerda que durante el proceso pasado, la Fepade recibió unas mil 104 denuncias por delitos electorales, relativas a la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) a la compra, coacción, manipulación, y uso de recursos públicos, entre otros, de las que más de 60 por ciento fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De 2016 a la fecha, la Fepade ha recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, de las cuales, 40 pertenecen al último periodo electoral.
