El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México no es jurídicamente válida ni tiene sustento legal.
La consulta popular que pretende llevar a cabo el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no es válida, no tiene sustento legal y no tiene garantías de imparcialidad afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un comunicado el organismo que preside Juan Pablo Castañón, ratificó su postura de que una decisión evidentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana, debido a que son temas complejos por lo que debe ser el gobierno quien tome esas decisiones.
“El ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos acerca de la ubicación y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal”, aseveró.
El organismo empresarial resaltó que como está planteada la consulta no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad, y tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamientos hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.
“Los actores a cargo de la consulta y los materiales informativos desarrollados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones; se ha señalado que varios de los miembros del comité técnico a cargo han expresado públicamente su opinión a favor de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio”, aseguró. Señaló que los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas.
“No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada”. Agregó que no se han explicado qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos, además señaló que no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.
El CCE resaltó que todo lo anterior se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.
“Por lo antes expresado, consideramos que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo. Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado”, aseguró.
