Seis estados dejaron de comprobar uso y destino de los recursos a lo largo de nueve años; las irregularidades ascienden a más de $13 mil millones.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 37 denuncias por el presunto desvío de recursos destinados al Seguro Popular por parte de siete entidades del país entre 2006 y 2017, interpuestas por funcionarios del sector salud y organizaciones de la sociedad civil.
Ayer MILENIO publicó una investigación que revela irregularidades en el manejo de los recursos federales en los estados por un monto de 16 mil 13 millones de pesos entre 2013 y 2017, que a decir de los integrantes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), deben ser aclarados o devueltos y esto no ha sucedido.
Al respecto, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, informó que la dependencia a su cargo presentó 23 denuncias luego de que detectaron que los estados desaparecieron 7 mil 267 millones de pesos de este programa.
En tanto que las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa presentaron 14 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los Secretarios de Hacienda y Salud Pública, así como contra los tesoreros de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa por los desvíos.
Chemor Ruiz aseguró en entrevista que desde que asumió el cargo en 2013 notó que había “grandes problemas de falta de claridad en el manejo de los recursos del Seguro Popular”, entre los que se encuentran operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares y sobreprecio de medicamentos, entre otros.
Detalló que de los 16 mil 13 millones de pesos señalados por la ASF, hay 7 mil 267 millones que no encontraron y que “no pudieron ser comprobados por las entidades”, así como 8 mil 746 que aún pueden ser solventados.
“Nosotros hemos dado seguimiento puntual a esas observaciones con todas las entidades y hemos estado preguntando reiteradamente dónde quedó ese dinero. Si no aparece, las personas culpables deben estar en la cárcel”, señaló.
El comisionado incluso reveló que ya existen sentencias por este tema, como la del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, condenado el pasado 1 de marzo a 10 años de prisión por peculado por parte de la fiscalía estatal —causa penal 157/2013— por el desvío de 196 millones 918 mil 209 pesos del Seguro Popular en 2010.
Solo en Michoacán, dijo, de 2007 a 2013 se desviaron 3 mil 474 millones de pesos del Seguro Popular, los cuales se destinaron al pago de nómina del magisterio.
En tanto, el ex director general del Seguro Popular en Veracruz, Leonel Bustos Solís, enfrenta en libertad la acusación por desvío de 2 mil 400 millones de pesos durante la administración de Javier Duarte, quien también se encuentra en la cárcel.
“Además hay miles de funcionarios públicos que han sido sancionados administrativamente por la Secretaría de la Función Pública”, comentó el comisionado nacional del Fondo de Gastos Catastróficos.
En general, detalló, a lo largo de nueve años dejaron de comprobar los recursos Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Morelos, Sonora y Veracruz, lo que derivó en 23 denuncias y notificaciones ante la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR, las cuales siguen abiertas y en curso.
Por ello, aclaró, los 68 mil 794 millones de pesos del Seguro Popular asignados en este año para los estados se encuentran blindados contra el uso indebido, condicionamiento o desvíos de recursos a las campañas políticas durante el proceso electoral.
Chemor Ruiz abundó que en caso de detectarse irregularidades darán aviso a la SFP, ASF, contralorías federales y estatales, así como a la Secretaría de Salud, para que interpongan las denuncias correspondientes ante la PGR o se proceda a través de las fiscalías estatales.
“Se han puesto los candados pertinentes exigiendo la comprobación de facturas electrónicas mensuales, de las compras de medicamentos e insumos, y están obligados a subir a la plataforma virtual los certificados fiscales en los que se establece qué se pagó, a quién, el concepto; incluso se han puesto topes al costo de los medicamentos para evitar sobreprecios.
“Ya no hay manera de que nos las traigan facturas apócrifas ni tampoco se les permite comprar tratamientos a precios superiores”, comentó Chemor tras referir que la ley establece siete años de cárcel y hasta mil 500 salarios mínimos a quien desvíe recursos del Seguro Popular.
Incuso, agregó el comisionado, todos los estados tenían como límite el 30 abril de 2018 para justificar los recursos depositados en 2017 en la Tesorería de la Federación, la cual distribuye el dinero a cada entidad, y en caso de faltar a la comprobación puntual dejarían de recibir, a partir del 1 de mayo de este año, dinero del Seguro Popular.
El año pasado sucedió con el Estado de México y Oaxaca, los cuales dejaron de recibir durante un mes presupuestos federales, hasta que se normalizaron.
Chemor Ruiz detalló algunos desvíos por entidades: en Michoacán el desfalco, entre 2007 y 2013, osciló en 3 mil 474 millones de pesos; en Guerrero, de 2007 a 2015, fue por mil 360 millones de pesos; en Tabasco, de 2012 a 2013, de 196 millones 918 mil pesos, y en Veracruz tan solo en 2014 el desvío fue de 2 mil 222 mdp. Entre Nayarit y Sonora asciende a poco más de 200 millones.
