Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de los recursos federales sin aclarar durante el periodo 2013-2017, reporta el organismo.
Era la madrugada del 4 de junio cuando el corazón de don Catarino Escobar dejó de latir. Un tercer infarto lo fulminó, mientras que su familia buscaba desesperadamente cómo trasladarlo del Hospital General en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a otro centro hospitalario.
En la mente de su hijo Antonio quedaron marcadas las palabras del médico que lo atendía: “Llévate a tu papá, aquí no tenemos el medicamento ni el catéter que necesita”.
Don Catarino se mantuvo durante días solo con los anticoagulantes que le suministraban para que no se le taparan las arterias. Él tenía 65 años y era un mexicano como muchos, sin un trabajo formal que le diera acceso a otro sistema de salud.
Mientras en los hospitales del sector salud que atienden a los beneficiarios del Seguro Popular en el país suceden historias como la de don Catarino, los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la Federación para ese programa durante el periodo 2013-2017.
Una revisión de MILENIO a las auditorías que se han hecho a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.
El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.
En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar.
Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp). De acuerdo con la Auditoría, las autoridades no han podido resarcir 3 mil 222.8 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública de 2013.
En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos, la cifra más alta en el periodo 2013-2017. En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 mdp.
La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público, y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013. Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no.
Hasta ahora, en este sexenio, independientemente de los 16 mil 13 millones que todavía están por aclarar, se han recuperado 782.4 millones de pesos de los recursos del Seguro Popular y se han aclarado 5 mil 212 mdp. La dimensión del ilícito Para darle proporción al problema, los 16 mil millones de pesos que no han sido aclarados entre 2013 y 2017 casi triplican la deuda que tienen diferentes instituciones de salud federales y estatales, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), el adeudo asciende a 6 mil 172 millones de pesos por la compra de medicinas en 2018 y por pasivos de 2016 y 2017.
En enero pasado IMSS e ISSSTE anunciaron que en los últimos cinco años el esquema de licitaciones para la compra de medicamentos generó un ahorro para las arcas públicas de 17 mil 400 millones de pesos, cifra similar al dinero que no se ha podido comprobar en fondos del Seguro Popular.
