Falta de personal y fallidas estrategias de captación de pacientes tienen a siete clínicas operando a la mitad de su capacidad, pero el erario las paga como si se utilizaran al 100%
Los siete hospitales construidos y que ya operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) en México le cuestan al erario como si operaran al máximo de su capacidad, cuando en realidad casi la mitad de sus camas no se están utilizando, lo que genera un desperdicio de recursos cercano a los 656 millones de pesos anuales.
Con ese mondo de recursos se podría financiar el funcionamiento de otro hospital de alta especialidad, o se podría dar atención completa a la mitad de las mujeres mexicanas que sufren cáncer de mama.
Esta es una de las varias conclusiones a las que llega Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a partir de una investigación reportada en un completo Informe sobre el tema que presentará este martes 16 y del cual El Economista obtuvo una copia por adelantado.
En el reporte del grupo de investigación se explica que el desperdicio se debe, sobre todo, por infraestructura no utilizada (camas, equipos, quirófanos), así como pagos hechos sin contraprestación de parte de las empresas.
En total, son 18 hospitales APP asignados a empresas. De ellos, están en operación desde hace más de cuatro años y uno fue recién inaugurado (son siete operando, en total), cuatro no se consolidaron o se acabaron cancelando por problemas en los procesos administrativos, y siete están recién firmados y en etapa de desarrollo.
Los siete que ya están en operación y de donde se cuantificaron los desperdicios son: el Hospital Regional de Especialidades (HRE) El Bajío en León, Guanajuato; el HRE Ciudad Victoria en Tamaulipas; la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. Hasta ahí van tres y los otros cuatro son del estado de México: el HRE Zumpango, el HRE Ixtapaluca, el Hospital Regional de Toluca y el Hospital Regional de Tlalnepantla.
Casi la mitad de las camas de los hospitales APP no se están utilizando debido a varios factores: o no hay una estrategia de captación de pacientes, no hay contratación de especialistas o son fallidas las redes de servicios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aquí tiene también responsabilidad, advirtió MCCI, porque no entrega recursos suficientes para la plantilla asistencial completa.
Pero en contraparte –y aquí estaría el origen y mal cálculo en perjuicio del Estado–, el pago de los contratos APP en operación sí está garantizado al 100% en favor de las empresas de modo que éstas siempre están bien cubiertas.
Esto quiere decir que, aunque los hospitales funcionan a media capacidad, el Estado le paga al operador privado como si el hospital operara al 100%, al tiempo que la sobredemanda de atención hospitalaria en diversas partes del país sigue siendo insatisfecha.
En el documento los investigadores de MCCI aclaran que el problema no radica en el esquema de financiamiento APP, pues en otros países como el Reino Unido ha sido exitoso. El problema, subrayan, es una deficiente implementación del modelo APP debido a una inadecuada gestión de los riesgos retenidos y una nula rectoría de parte del Estado en el sector salud.
“Si bien los contratos APP son una medida en la dirección correcta, su implementación en México ha mostrado un bajo desempeño que, lejos de resolver el problema, lo aumenta, dado que arrastra las deficiencias en la gestión durante los 25 años del contrato”, menciona MCCI.
Y a pesar de este mal desempeño, lo más grave –hace ver el equipo de MCCI– es que la presente administración prevé amarrar seis APP hospitalarias más antes del 1 de diciembre, cuando será relevada por un nuevo gobierno.
De modo que, lo más importante, señalan, es corregir la situación del desperdicio por ineficiente gestión, antes que contratar más proyectos, porque ello “sí está poniendo en riesgo el modelo de financiamiento mixto”.
De ahí, que los especialistas reunidos en la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI plantean que para sacarles un verdadero provecho, se revisen los contratos de APP hospitalarias vigentes y se busquen mejorar las condiciones pactadas con las empresas, para así detener los perjuicios contra el Erario sobre todo en los casos de los contratos que vencen entre los años 2030 y 2035.
Suben costos para el erario
Punto aparte es que la expansión acelerada de este tipo de contratos de inversión público-privada particularmente en este sexenio, ha ido acompañada de un aumento constante en su costo para el Erario. Ello debido a que en los nuevos contratos se les ha ido otorgando a las empresas privadas más servicios y mayor alcance en las condiciones del equipamiento.
Por ejemplo, el primero fue el Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío de la Secretaría de Salud federal (SSA) cuyo valor del contrato ascendió a 3,130 millones de pesos.
En tanto, el último, firmado en febrero de 2018, fue el Hospital regional Tepotzotlán del IMSS con un valor de 14,103 millones de pesos, es decir casi cinco veces más costoso. Y no hay forma de reducir esos costos, pues todos los contratos que ya están operando vencerán dentro de no menos de 12 años.
