El robo de gas LP se ha vuelto un problema incontrolable en los últimos años. La Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (Amexgas) calculan que de 30 millones de servicios (ventas) realizados cada mes, cerca de 2 millones 320 mil corresponden a combustible robado, es decir, 8% del consumo total.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el delito se incrementó 374% respecto al de Felipe Calderón, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En 2007, cuando se registró el primer caso de este ilícito, sólo se presentó una toma clandestina en Veracruz. Al final de aquel gobierno, el número de reportes llegó a 166.
En la presente administración federal, Pemex contabiliza 787 robos de gas LP, un fenómeno que, además de crecer, afecta a 10 entidades del país (Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco).
En suma, desde 2007 y hasta agosto de 2018, las ordeñas de este producto ascienden a 953, ocho de cada 10 en el actual sexenio.
La información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL, detalla que este problema provoca pérdidas por 12 mil millones de pesos anuales.
