La inseguridad, justicia ineficaz y desmedido poder de los gobiernos, las principales razones. Guerrero, Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Sonora, los peor evaluados.
La ausencia de un óptimo Estado de Derecho en México tiene múltiples actos y sus consecuencias se observan en todo el territorio nacional.
Sólo contabilizando algunos, Joaquín Sánchez Morales, exconsejero del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero, fue asesinado a tiros al interior de su domicilio. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez, respaldado por el Congreso local, designó a un amigo cercano como el nuevo fiscal anticorrupción. El Congreso de Sonora, en apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich, otorgó facultades de veto al Poder Ejecutivo estatal a leyes aprobadas por el Legislativo. Y en Baja California, Silvestre De la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue asesinado cuando salía del cine con su familia.
Con ejemplos como estos, de acuerdo al World Justice Project (WJP) ninguno de los 32 estados de la República cuenta con los estándares mínimos para asegurar un óptimo Estado de Derecho, es decir, no pueden entregar a la sociedad mexicana las bases para impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
En su estudio Índice de Estado de Derecho en México 2018, el WJP calificó del 0 al 1 a los 32 estados de la República. Entre las 32 entidades federativas ni una sola pudo superar los 0.5 puntos.
La inseguridad, la ausencia de contrapesos a los gobiernos locales y de sanciones por sus malas acciones, así como sistemas penales ineficaces fueron las principales carencias en los gobiernos locales.
La organización de alcance mundial evaluó a los gobiernos en ocho pilares sobre la materia: ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, justicia civil y límites al poder gubernamental, siendo los tres últimos los peor evaluados.
Alejandro Ponce, jefe de investigación del WJP, refirió que las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son el testimonio de estos fracasos, pero existe la posibilidad de avanzar en la materia.
“México debe convertirse en un país donde impere la ley y donde todos la cumplan y la respeten. Su gente lo demanda y anhela. No debemos desperdiciar la oportunidad de fortalecer el Estado de Derecho y de dejar un país mejor a las próximas generaciones. Tal transformación es compleja, pero posible, y nos corresponde a todos trabajar para que suceda”, expresó. Previamente México ya había sido mal evaluado en esta materia. En 2017, el país se ubicó en el lugar 92 en el Índice de Estado de Derecho entre 113 países de acuerdo con su grado de adhesión al Estado de Derecho. Esto significó una caída de cuatro posiciones con respecto a la medición anterior.
INEFICACIA JUDICIAL
Para elaborar el índice enfocado en los estados se recurrió a estadísticas gubernamentales, así como a 25 mil 600 entrevistas entre la población y otras mil 500 con expertos en el área jurídica en las que se pidió su opinión.
Entre las 32 entidades, Guerrero fue la peor calificada con apenas 0.29 puntos, seguida de Baja California Sur con 0.35 puntos, y Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Sonora con 0.36 puntos.
En el caso de Guerrero la alta tasa de homicidios y crimen, así como la sensación de inseguridad fueron algunos de los principales componentes para su mala calificación.
Sólo en Acapulco, de enero a septiembre de este año se han sumado 645 asesinatos, en Chilpancingo 157, Chilapa, 103, Iguala 82 y Taxco 52.
En contraste, Yucatán, el estado mejor calificado por el Índice, con 0.45 puntos, queda muy por debajo de las medias de violencia respecto a sus pares.
Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, en Baja California Sur el 60.3% de la población de 18 años y más, consideró la inseguridad como el problema más importante que aquejaba al estado, seguido del narcotráfico y la corrupción.
Cada entidad obtuvo resultados distintos, pero en promedio los estados peor calificados tienen en común su inseguridad, la incapacidad para investigar penalmente de forma eficaz, así como congresos locales percibidos como corruptos.
Asimismo no tienen organismos de control eficaces, como las auditorías locales –muchas veces designadas desde los poderes ejecutivos–, la justicia civil es percibida como lenta y burocrática, en tanto que hace falta mayor participación ciudadana así como el conocimiento de sus derechos.
