Eugenio Hérnandez fue acusado de enriquecimiento ilícito por 41 mdp, ingresos que no corresponden a lo que percibió cuando fue diputado federal, alcalde y gobernador.
Ciudad de México.- El exgobernador Eugenio Hernández Flores, acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos, fue vinculado a proceso.
Después de una maratónica sesión de más de 14 horas de audiencia, el juez de control, Patricio Lugo Jaramillo, escuchó las aportaciones de la nueva defensa del exmandatario, y determinó que las pruebas de la fiscalía resultaron suficientes.
El juzgador estableció además un periodo de tres meses para la investigación complementaria por parte del Ministerio Público.
La fiscalía sostiene que Hernández Flores tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo al no poder determinar el origen de 40 millones 967 mil 794.28 pesos, durante gestión como diputado federal, alcalde y gobernador, de 2000 al 2010.
Un dictamen de contabilidad presentado por un perito especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establece que sus ingresos como servidor público, sumado a su patrimonio como persona física y socio de empresas, no corresponde al reportado.
La nueva defensa del exmandatario la conforman, José Javier López García, quien representó al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recientemente liberado y del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
También se sumó José Isabel Luna Chávez, quien defendió a Roberto Mollado Esparza, ‘El Betito’, presunto líder de ‘La Unión de Tepito’; así como Alejandro Ordoñez Pérez, Felipe de Jesús Rivera Riestra, Leonel Vargas del Ángel y Ana María Francisco Pérez.
Este próximo sábado, Hernández Flores cumple un año de estar recluido en el penal de Ciudad Victoria, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según consta en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, tramitando un amparo (2042/2017) en contra del auto de formal prisión, el cual está pendiente de resolución.
Está pendiente otro amparo (788/2018) en contra de la extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero; y uno más que debe ser resuelto por la juez Abigail Cháidez Madrigal del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa.
