Ciudad de México.- El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que en el primer año de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares existe un presunto desvío de recursos por más de 338 millones de pesos.
En el informe de la Cuenta Pública 2017, el ORFIS indica que las dependencias que reportaron un daño patrimonial son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), y Espacios Educativos.
Dijo que en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no hay, por ahora, daño patrimonial en la Cuenta Pública.
Portilla Vázquez confirmó que, por lo pronto, todas las obras que se asignaron en el ejercicio fiscal 2017 de la SIOP, donde se mantuvo al frente el actual senador Julen Rementería, se ejecutaron.
Asimismo, negó que se hayan entregado contratos a empresas fantasmas.
Sin embargo, ante la posibilidad de que existan inconsistencias en los procesos de contratación otorgados al líder estatal del PAN, José Mancha, el auditor sugirió continuar con la investigación.
La Cuenta Pública 2017 detectó además un daño patrimonial por más de mil 22 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos organismos paramunicipales, entre ellas la comisión de agua potable y saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
Los municipios con mayores desvíos fueron Coatzacoalcos con 142.2 millones de pesos, San Andrés Tuxtla con 56 millones de pesos, Pueblo Viejo con 25 millones de pesos, Lerdo de Tejada con 24 millones de pesos, Naolinco con 22 millones de pesos, Emiliano Zapata con 50 millones de pesos, Álamo con 27.9 millones de pesos, Ixhuatlán de Madero con 34.5 millones de pesos, y Las Choapas con 26.3 millones de pesos.
Xalapa tuvo un daño patrimonial de 7 millones de pesos, mientras que el municipio conurbado de Coatepec tuvo un daño patrimonial de 9 millones de pesos.
En general, la auditoría detectó inconsistencias como anticipos de salarios, así como contratos de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.
Además, halló erogaciones sin comprobación documental, gastos y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidos por los beneficiarios, adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.
En las auditorías técnicas a la obra pública fueron detectados sobrecostos, volúmenes pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obra, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y otras sin validación de la autoridad.
