Ciudad de México.- En un giro en la postura que había sostenido respecto de la secrecía de las investigaciones ministeriales, el pleno del INAI determinó ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer en versión pública las actuaciones que ha llevado a cabo en el caso Odebrecht.
Con una votación de seis votos a favor y uno en contra, el pleno consideró que si bien se trata de información reservada, ésta debe darse a conocer por interés público, pues es un asunto de presunta corrupción en el que han sido señalados altos funcionarios de Pemex y del Gobierno federal.
La resolución del pleno derivó de una solicitud formulada por un particular en la que le pidió a la PGR conocer el número de expedientes iniciados, los delitos por los que se abrieron, el estado que guarda cada uno de ellos y las actuaciones llevadas a cabo.
La PGR contestó que se trata de una sola carpeta de investigación iniciada por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, la cual está en etapa de integración.
Respecto de las actuaciones del Ministerio Público, señaló que éstas son reservadas porque darlas a conocer entorpecería su labor de investigación.
Después de analizar el caso, los comisionados, con excepción de Rosendoevgueni Monterrey Chepov, determinaron que las actuaciones deben darse a conocer en versión pública, es decir, protegiendo solo aquellos datos que sean confidenciales y las diligencias que aún no hayan sido desahogadas y formen parte de la estrategia de investigación.
“Reitero que el sentido de la resolución, que yo propongo, debe ser modificar, en la que se le orden al sujeto obligado (PGR) otorgar el acceso a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en los expedientes del caso Odebrecht, en versión pública”, expuso el comisionado Óscar Guerra Ford.
Esta nueva interpretación para abordar el caso se da a menos de dos meses de que asuma la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido crítico de las resoluciones emitidas por el INAI.
El pleno, de manera mayoritaria, con la disidencia del comisionado Joel Salas, había sostenido que no podía aplicar a las investigaciones ministeriales la causal de excepcionalidad por corrupción, debido a que el catálogo de delitos en la materia no está vigente.
En este caso, para salvar ese impedimento, el razonamiento que se siguió fue el de interés público, es decir, que si bien la información es de carácter reservado, ésta se debe abrir porque su difusión reviste un bien mayor, que es conocer el desempeño que ha tenido la PGR.
