Sedena volvió a asegurar que la Comisión de la Verdad no tendría objetividad o imparcialidad en el caso Ayotzinapa.
En contraposición con los acuerdos que hizo Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fijó su posición en contra de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso.
El general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena consideró que no existen las condiciones de objetividad y la imparcialidad que se requiere para una investigación del estilo, porque la dirección quedaría a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”, dijo para el Universal.
Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”.
Según el militar hay una ira sospechosa contra los elementos del Ejército pese a que no se ha comprobado la participación directa del Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala; ni tampoco se ha configurado una omisión por su parte.
Según el abogado, el batallón 27 está encargado de colaborar con actividades de seguridad y la noche de Iguala, se enteraron de que había un incidente por los que los mandos militares se comunicaron con los directores de la policía municipal y estatal, pero indicaron que todo estaba bajo control.
“Quien estaba actuando contra los estudiantes era la policía. No sólo es una cuestión de toma de decisiones, es una cuestión jurídica, y así fue informado a la Procuraduría General de la República (PGR). Tenemos un reglamento y una ley de disciplina que nos prohíbe entrometernos en los asuntos de la policía”, indicó.
“La principal preocupación tendrá que ser que investiguen qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están”.
