La diputada federal Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, prometió impulsar la despenalización del aborto a nivel nacional durante este periodo de sesiones.
“Debido a que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, haremos que sea una realidad”, declaró, luego de que fuera designada por su bancada como presidenta de la comisión, según cita El Financiero.
La sonorense explicó que buscarán con los congresos locales armoniz
ar las leyes sobre el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Asimismo dijo que trabajará con las entidades federativas para reforzar la educación sexual pues existe un grave problema con los embarazos adolescentes.
“No es desde la perspectiva de las creencias personales, sino como un tema público que nos atañe y nos afecta, porque atraviesa desde problemáticas de salud, y sobre todo, por el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia”, agregó.
Por su parte, la diputada Beatriz Rojas Martínez, también de la bancada morenista, y quien será secretaria de la misma comisión, expuso que la legalización del aborto desde 2007 en la Ciudad de México, ha evitado decesos por interrupción del embarazo.
“El aborto clandestino constituye una de las primeras causas de muerte en las mujeres en Centroamérica, América Latina y el Caribe (…) Se estima que, al año, en el país se practican alrededor de 750 mil abortos clandestinos, según organizaciones que se dedican a facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo”, comentó.
Agregó que, de “2000 al 2018 más de tres mil mujeres llevaron un proceso penal por haber interrumpido su embarazo”.
Según cita El País, el aborto libre hasta la semana 13 de gestación sólo está permitido en la Ciudad de México, y la única causa de interrupción legal del embarazo en el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas.
Además de la falta de una legislación nacional, han surgido casos en que médicos de instancias públicas de salud han negado el derecho al aborto por “objeción de conciencia”.
Por lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 4 de abril pasado que todas las instancias de salud pública del país deben practicar abortos en casos de violación.
Los magistrados señalaron que las autoridades sanitarias no sólo están obligadas a prestar atención y observación médica a las mujeres víctimas de violación sino que deben de llevar a cabo de “manera eficiente e inmediata” la materialización de la interrupción legal del embarazo.
