La Procuraduría General de la República (PGR) abrió la puerta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que pueda enfrentar su proceso en libertad, debido a la reclasificación del delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa.

La fiscalía mexicana también acusa a Duarte de lavado de dinero. Ambos delitos no se consideran graves, por lo que no requieren prisión preventiva de oficio.

Sin embargo, la PGR pedirá al juez que aplique medidas cautelares ante el riesgo de que Duarte se fuge si se aplica la prisión preventiva.

Autoridades judiciales confirmaron a El Financiero que la PGR notificó ante el juez que mantendrá firme los datos de prueba que hizo contra el exgobernador veracruzano el 23 de junio de 2017.

En aquella ocasión, funcionarios de la PGR y la Secretaría de Hacienda, encabezados por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, acusaron a Duarte de ser líder de una red criminal que, mediante un complejo entramado, desvió millonarios recursos públicos.

Según el señalamiento, informaron que se tenía documentado un desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, pero que el quebranto podría ser de hasta 3 mil 148 millones de pesos.

Advirtió que los recursos saqueados del erario se introdujeron al sistema financiero a través de las ‘empresas fachada’, usadas también para la compra de múltiples propiedades, todo para dar al dinero una apariencia de licitud.

El titular de la SEIDO explicó en aquella ocasión que la red que encabezó Duarte uso dos empresas clave, Consorcio Brades Terra Urbanizadores, mismas que fueron fondeadas por 27 ‘empresas fachada’ y lavadoras de dinero.

La PGR dio a conocer que tenía 82 “datos de prueba” para acreditar que el exmiembro del PRI era líder de la citada red criminal, lo cual, ya con la acusación formal, deberá de sostener y probar ante un juez de Control.

Dicho juez determinará en una audiencia, a realizarse en una fecha aún por definir, si las pruebas de la PGR son suficientes para que el caso se lleve a juicio oral o simplemente son insuficientes.

Entre los datos de prueba que la PGR aseguró tener, está la declaración de cuatro de amigos y excolaboradores de Duarte, documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias, incluso de instituciones ubicadas en el extranjero, y escrituras públicas de empresas.

Cabe destacar que el exgobernador de Veracruz fue detenido en abril de 2017, en Guatemala, y extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

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