Ciudad de México.- Los recursos federales que reciben los gobiernos estatales se encuentran blindados en la Ley de Coordinación Fiscal.
Es así que no se verían afectados por la figura de “súper delegados” propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explican especialistas.
Por ley, los gobiernos estatales recibieron el año pasado un billón 808 mil 845 millones de pesos de recursos de la Federación, tal y como marca la Ley de Coordinación Fiscal, recursos en donde no intervienen de ninguna forma los delegados federales.
Este monto es 35% del presupuesto total del país.
Los delegados o ahora los “súper delegados” de AMLO, lo que ejercerán y vigilarán son los recursos de programas para obra pública y social que son sólo del Poder Ejecutivo como la pensión para adultos mayores o las becas para jóvenes, no de gobiernos estatales.
La Coordinación Fiscal cuenta con su propio marco regulatorio, dentro del cual una gran parte de los recursos que reciben las entidades está blindada a través de fórmulas y establece el destino que se les debe dar a los recursos, explicó Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El modelo actual de delegados federales, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, los habilita como órganos desconcentrados de las dependencias federales para prestar servicios y realizar trámites para cumplir con los programas federales, especialmente de corte social, en entidades o regiones, indicó.
En muchos de estos programas interviene más de una secretaría y su aplicación puede darse en regiones que comprendan un grupo de municipios de diversas entidades.
El único punto en el que los delegados podrían tener algún tipo de injerencia en la disposición de recursos federales es a través del Ramo 23, conocido como Provisiones Salariales, el cual al no contar con reglas de operación es susceptible al uso discrecional, explicó Guadarrama.
Este Ramo representó el año pasado 7% del total de recursos que se reparten a entidades, con un total de 129 mil 530 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El 42.7% de los recursos a entidades se reparte a través de Participaciones, la cuales dependen de la recaudación petrolera y no petrolera; 38.6% son Aportaciones que tienen un uso específico para fines sociales y el resto se deriva de convenios, subsidios y recursos para protección de salud como el seguro popular.
Incluso, según lo permite la Ley, previa aprobación de Congresos estatales, Hacienda deposita los recursos de participaciones a fondos cuyo fin es el pago de la deuda estatal, y los gobiernos locales no pueden disponer de los montos transferidos a través de este mecanismo.
