Ciudad de México.- Un día después de quedar en libertad, Elba Esther Gordillo solicitó a las autoridades judiciales la devolución de su pasaporte y ordenar a la Secretaría de Gobernación la cancelación de las alertas migratorias que le impiden viajar fuera del país.
La maestra pidió también que se informe a la Interpol el fallo que desechó la última acusación penal en su contra por lavado y delincuencia organizada, para que cese cualquier aviso de búsqueda internacional, informaron funcionarios de la PGR cercanos al caso.
Otro de sus requerimientos fue restablecer sus derechos político electorales, mismos que fueron suspendidos y le impedían votar desde marzo de 2013, cuando le fue dictada la formal prisión por los delitos referidos.
El Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad acordó favorablemente el levantamiento de las medidas que restringían sus derechos políticos y de libre tránsito.
Según las autoridades consultadas, a primera hora del miércoles pasado, la defensa de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó sus peticiones ante el órgano jurisdiccional.
Entre otras, la maestra también solicitó la cancelación de la ficha signalética con la que fue identificada como rea, documento administrativo que será destruido luego de que así lo concediera el juzgado.
Adicionalmente, Gordillo requirió y consiguió la devolución de la lista de personas que estaban autorizadas para visitarla en su departamento del edificio de Galileo 7, en Polanco, durante los últimos ocho meses, el periodo en que estuvo sujeta a la prisión domiciliaria.
A la fecha, se desconoce públicamente quiénes son los que estaban registrados con permiso judicial para visitarla.
Según las fuentes ministeriales, una de las pocas solicitudes que no le concedieron a la maestra fue la de archivar el expediente del proceso como un asunto concluido.
El motivo de la negativa es que aún se encuentran procesados por el mismo asunto Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte, a quienes la PGR señaló como los operadores financieros que triangulaban el dinero del SNTE en beneficio de Elba.
El martes por la noche el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, del Primer Tribunal Unitario Penal, desechó la acusación de lavado y delincuencia organizada contra Gordillo porque concluyó que el dinero que le acusaron haber “blanqueado” en realidad tenía un origen lícito.
También, porque la información bancaria que empleó la PGR para acusarla no fue obtenida mediante la autorización de un juez, con base en un criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas a finales del año pasado.
