Hermosillo, Sonora; Agosto 09 de 2018.- El Cabildo de Hermosillo definió con su voto a favor su respaldo a la Ley 288 en materia de Mejora Regulatoria que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual aprobaron por mayoría los integrantes del Congreso del Estado en la sesión extraordinaria del miércoles 08 de Octubre.
Al término de la jornada, que quedó asentada en el acta número 56, la Presidenta Municipal, Angelina Muñoz Fernández expresó en entrevista posterior, su respaldo a la creación de contrapesos entre los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la creación de condiciones para que los Ayuntamientos sean considerados en cualquier tipo de reforma constitucional al establecerse la obligatoriedad de aprobación de una mayoría calificada de los Cabildos.
Este tema fue expuesto por la Síndica Municipal Ana Lorena Vega Granillo en el cuarto punto del orden del día.
La reforma quedó finalmente aprobada por mayoría con 15 sufragios a favor; cinco en contra y una abstención.
Como parte de la orden del día, los ediles hermosillenses dieron su aprobación a las solicitudes de licencia de los Regidores Lorena Gutiérrez Landavazo, Blanca Luz Saldaña López y Oscar Manuel Madero Valencia, así como la toma de protesta formal de sus respectivos suplentes.
La Presidenta Municipal tomó protesta formal, para que continúen desempeñando el cargo de sus antecesores a Brenda Lizeth Córdova Búsani, Lourdes León Pachecho y Ángel Antonio Encinas.
El acta 56 correspondiente a esta Sesión la leyó integra la munícipe, en la sesión extraordinaria siguiente celebrada unos minutos después y una vez sometida a votación fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Angelina Muñoz Fernández reiteró su opinión sobre lo positivo de la ley 288, porque prevé procedimientos más afinados para las candidaturas independientes; la intervención de dos terceras partes de los Cabildos como condición para que procedan las reformas a la Constitución Estatal y el retiro del fuero, que pone a los servidores públicos en igualdad de circunstancias que cualquier ciudadano y lo somete a la rendición de cuentas en cualquier momento.
Consideró que lo aprobado por el Congreso del Estado posibilita una redistribución de funciones, facultades y atribuciones de cada poder, con la equidad y los contrapesos que son necesarios en una democracia.
