El proceso forma parte de la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, aunque este modelo jurídico ya se aplica en otros estados fronterizos con México desde 2005.
Los acusados, sentados uno al lado del otro, están con la ropa con la que fueron capturados, se les ve el rostro de cansancio, de quien no ha dormido o comido bien, pero sobre todo de resignación, de quien sabe que en pocas horas será deportado.
Sus defensores pudieron verlos unas horas antes del juicio -en una sala adaptada en el sótano de la corte- para explicarles el proceso, aclararles que no están en una corte migratoria, sino criminal, que se les imputó un delito que conlleva a una pena de hasta seis meses de prisión.
La fiscalía les ofrece declararse culpables para no cumplir pena de cárcel y ser deportados al instante.
Lo que abogados y activistas protestan es que se trata de condenas en serie, que colocan en la maleta de estos inmigrantes un antecedente penal en su récord para siempre.
Y eso pesa a la hora de pedir una visa en el futuro, incluso asilo.
“Es un sistema diseñado de una forma que la gente literalmente es procesada como en una línea de producción”, dijo a la AFP Michelle Ángeles, una defensora pública que en esa audiencia se encargó del caso de José Sánchez, un mexicano de 27 años que cruzó por una trocha en Tecate, una pequeña población 64 km al sur de San Diego.
¿Cómo se declara? “Culpable”, dice en español el muchacho de 27 años que no terminó la secundaria. Un intérprete lo traduce: “guilty”.
Lo mismo hacen los otros, uno a uno, luego que el juez Michael D. Dembin los interpela.
“No los voy a soltar”
Tan pronto inició el proceso, los abogados de los migrantes se enfrascaron en un acalorado debate con el juez.
Le pedían que anulara los procesos, que soltara a los acusados bajo fianza; protestaban el poco tiempo que tuvieron para asesorar a sus clientes, las condiciones en las que los encontraron: algunos sin bañar y otros siquiera sin cepillarse los dientes.
“No voy a anular los juicios, no los voy a soltar”, respondía el juez. “No puedo controlar las órdenes que recibo de mi jefe de justicia”, añadió con un tono un tanto de frustración, resaltando que en estos cinco días procesó 60 declaraciones de culpabilidad en juicios similares.
La mayoría de los nueve acusados son mexicanos y la historia es la misma: buscar una mejor vida en Estados Unidos, ganar más dinero para ayudar a sus familiares.
Está Rocío García, una madre soltera de 26 años, que entró pagándole a coyotes; Lucio Martínez (24) que vino para trabajar como cocinero de tacos y ayudar a mantener a su bebé de meses; o Juan Manuel Murillo (41), que quería reunir para una cirugía que necesita en los ojos.
Los juicios masivos -conocidos como operación Streamline- comenzaron en Texas en 2005 durante el gobierno del presidente George W. Bush -quien entonces también puso en práctica una política de “tolerancia cero”-, antes de extenderse a otros estados fronterizos como Arizona.
Antes, la patrulla fronteriza deportaba a aquellos que cruzaban ilegalmente por primera vez a través de una corte civil de migración. El proceso criminal quedaba reservado para quienes tuvieran antecedentes o fueran reincidentes.
“Hay tanta gente con circunstancias diferentes que no se puede esperar que haya justicia para todos”, explicó a la AFP Lynn Marcus, profesora de leyes de la universidad de Arizona y directora de un centro legal para migrantes.
El debate en la corte de San Diego era seguido en silencio por los acusados, que escuchaban la traducción en audífonos. Algunos tenían la mirada perdida, una de las mujeres incluso llegó a soltar un bostezo.
Al terminar, el juez los despidió con un “buena suerte” para, minutos después, recibir a otro grupo de cinco hombres y dos mujeres… Y repetir el mismo proceso.
