Ciudad de México.- A seis meses de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición de Personas, su implementación se ha visto afectada por falta de recursos, desconocimiento de la ley y descoordinación entre las autoridades federales y estatales.
Lo anterior se desprende de la primera recomendación que emite el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, hecha pública hoy en una conferencia de prensa.
En cuando a la falta de coordinación entre las autoridades, la Recomendación 01/2018 advierte que esto ocurre incluso entre unidades de trabajo dentro de una misma institución.
“Esto se evidencia a partir de la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de Búsqueda, en su calidad de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Búsqueda, para la elaboración del protocolo homologado de investigación y el protocolo homologada de búsqueda”, critican.
Conformado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en búsqueda y materia forense, y representantes de organizaciones no gubernamentales, el Consejo Nacional Ciudadano lamentó que sólo 9 de las 32 entidades del País cuenten con Comisiones locales de búsqueda y que sólo 13 Estados tengan fiscalías especializadas en desaparición de personas.
“Aunque cuentan con fiscalías o unidades dedicadas a la investigación de la desaparición de personas, éstas no siempre tienen asignado personal a la realización de análisis de contexto, que es imprescindible para la investigación penal y localización de la persona”, indica el documento para ejemplificar el impacto de la falta de presupuesto.
Sobre el desconocimiento del contenido de la ley, el Consejo señaló que hay confusión sobre los ámbitos de responsabilidades que corresponden a las diferentes instituciones involucradas.
“Ha llegado al extremo, según ha sido reportado al Consejo, de que personal de algunas Fiscalías se rehúsa a llevar a cabo acciones de búsqueda alegando que dicha tarea ya no les corresponde”, denunciaron.
Por ello, entre las recomendaciones emitidas se encuentra establecer mecanismos para garantizar el derechos de las víctimas a participar en el proceso de redacción de los instrumentos establecidos en la ley.
Así como establecer planes provisionales de atención a casos, tanto nuevos como anteriores.
Grave Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), exigió que en lo que resta de la Administración de Enrique Peña Nieto se logren avances en la implementación de la ley.
“El día de la promulgación de la ley, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que todo su gabinete se enfocaría a garantizar la efectiva implementación de la ley, lo que no ha sucedido”, reprochó.
