Caracas.- Venezuela sufre una dramática crisis sanitaria y un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud, denunció una agente especializada de Naciones Unidas, mientras el gobierno de Caracas rechazó esta versión.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) Zeid Ra’ad Al Hussein, relató que para preparar su informe, presentado el pasado día 22, entrevistó a médicos, académicos, otros profesionales de la salud, y defensores de las garantías
Según el funcionario todos coincidieron en señalar que el país sudamericano sufre de una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud, de acuerdo con un reporte del diario Efecto Cocuyo.
Esta situación, indica la Acnudh, fue causada por “múltiples factores”. Entre ellos menciona la reducción del porcentaje del gasto en salud con respecto al PIB de Venezuela, que pasó de cinco por ciento en 2007 a tres en 2015, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las cifras contrastan fuertemente con los datos de hace una década. Para 2006, el gasto en salud era de 4.9 por ciento. En el año 2000, representaba seis por ciento del total del PIB.
El Alto Comisionado apuntó también que la hiperinflación han menguado las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud, hoy día bajo la gestión de Luis López, y de programas clave para mantener las enfermedades vectoriales a raya, como la malaria.
“El presupuesto asignado por el gobierno para prevenir y controlar el paludismo fue recortado en 70 por ciento para el período 2015-2016″, señala el informe citando a la OMS. Esto trajo como consecuencia la diseminación de la enfermedad por todo el país y con una estimación de más de 300 mil casos y 280 muertes.
En abril de este año, director del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso, indicó que Venezuela registra el mayor incremento de casos de la enfermedad pese a haber sido el primer país en el mundo en controlar el paludismo.
El gobierno venezolano rechazó el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, tras afirmar que se trata de un acto politizado.
La cancillería de esta nación sudamericana señaló en un comunicado que el gobierno rechaza el informe por considerar que se realizó con una “metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.
El informe también se refirió a las epidemias de difteria y sarampión, dos enfermedades que tenían más de una década de haber sido erradicadas en el país.
En 2017 se notificaron casos de difteria en 22 estados del país, “lo que puso de manifiesto la existencia de graves deficiencias en el programa de inmunización del Gobierno“.
La OMS confirmó que entre julio de 2016 y febrero de 2018 se declararon 726 casos de la enfermedad y un saldo de 113 muertes.
“El 6 de abril de 2018, la OMS también dio cuenta de la incidencia del sarampión, con mil seis casos registrados en ocho estados”, indica el informe. El organismo alertó que para junio de 2018 se confirmaron 35 muertes por esta infección respiratoria.
“El nivel de degradación de las instalaciones hospitalarias públicas y la grave escasez de medicamentos y suministros médicos son las manifestaciones más claras del colapso del sistema de atención de la salud“, apuntó el Alto Comisionado.
Además señaló que las fallas en el servicio eléctrico y en el suministro de agua dificultan el trabajo de los galenos y propician la contaminación en la red pública.
La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte que el gobierno venezolano no ha reconocido la existencia de la actual crisis de salud y no ha solicitado de la cooperación internacional en los niveles que la situación lo exige, y en la que se ven afectados 300 mil pacientes aquejados de enfermedades crónicas.
El Alto Comisionado concluye su evaluación recomendándole al gobierno venezolano buscar la cooperación y asistencia técnica de las Naciones Unidas y sus agencias para atender la situación de las poblaciones más vulnerables.
También le insta a proporcionar cifras oficiales para determinar la magnitud de la crisis; y establecer un comité multidisciplinario conformado por distintos actores para asesorar las reformas económicas y sociales necesarias que permitan el abordaje de las causas principales de las crisis alimentaria y sanitaria.
