Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga un nuevo caso denunciado por la Auditoría Superior de la Federación que involucra el presunto mal manejo de más de mil 700 millones que estaban destinados al Seguro Popular, en Veracruz.
De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, autor de la publicación que publica Animal Político, la PGR inició una nueva carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más de mil 700 millones de pesos que se transfirieron en 2014 al gobierno de Javier Duarte, y que estaban detenidos para el área de salud, a través del Seguro Popular.
Refiere que “los recursos, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la ASF fueron retenidos o transferidos a cuentas distintas por la tesorería de la Secretaria de Finanzas estatal que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, hoy diputado federal del PRI”.
Menciona la carpeta de investigación o averiguación previa número 70 que la PGR inicia por el presunto mal manejo de recursos federales en el gobierno de Duarte, todas ellas promovidas por denuncias de la ASF y que las irregularidades que dieron paso a esta nueva denuncia penal tienen origen en el informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento número 14-A-30000-02-1544 que realizó la ASF, con el apoyo del órgano de fiscalización de Veracruz, a recursos federales transferidos por la Secretaría de Salud Federal al gobierno estatal en 2014.
Detalla que “en total se auditaron poco más de 4 mil 500 millones de pesos que debieron destinarse en acciones de salud y programas del Seguro Popular. Sin embargo, lo que los auditares encontraron es que, en promedio, 1 de cada 3 pesos de esta partida fueron mal manejados y que en primera instancia la Auditoría reportó que hubo 1 mil 472 millones 57 mil 355 pesos que fueron transferidos a la tesorería por Hacienda a la Secretaría de Finanzas estatal pero de lo cuales no hay una sola prueba que se hayan ejercido y menos que se haya hecho correctamente. Es decir, no se explicó que se hizo con el dinero recibido pero tampoco fue devuelto”.
Revela que aunado a lo anterior “se suman 254 millones 700 mil pesos que sí habían sido transferidos al ente que debió utilizarlos, es decir el Régimen Estatal de Protección Salud de Veracruz, pero que luego dicha instancia regresó a otra cuenta bancaria abierta por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, sin que haya evidencia alguna de que hayan sido ejercidos correctamente”.
Subraya la publicación que “este modus operandi descrito por la ASF coincide plenamente con el empleado para transferir más de 200 millones de pesos de recursos federales transferidos a la Comisión de Agua del estado para obras hidráulicas, pero que esta instancia en lugar de ejercerlos los envió a una cuenta abierta por la Secretaría de Finanzas estatal . Por este caso la Fiscalía de Veracruz ya promovió un juicio contra Javier Duarte. Y que la ASF remarca que el gobierno de Veracruz entregó información en un intento por solventar las observaciones realizadas pero que de ninguna forma acreditan el destino del dinero”.
Añade: “En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, señala el informe de resultados de la auditoría practicada. Por este motivo, y luego de dos años de análisis de información la Unidad Jurídica de la ASF a cargo de Víctor Andrade, se promovió la nueva denuncia de hechos a principios de marzo pasado ante la Procuraduría General de la República. De acuerdo con autoridades federales consultadas, dicha denuncia ya dio paso a la apertura de esta nueva carpeta de investigación”.
70 casos, cero resueltos
La publicación refiere un total de 70 casos no resueltos en la carpeta de investigación “a cargo de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de PGR que se inicia por presuntos fraudes relacionados con el manejo de recursos federales solo en la gestión del exgobernador Javier Duarte. Todas ellas promovidas por denuncias de la ASF”.
No obstante, a pesar de que algunas de estas denuncias ya tienen más de tres años, destaca que “hasta el día de hoy ninguno de los casos ha sido consignado ante un juez y por ende tampoco se ha esclarecido ni se ha castigado a los exfuncionarios responsables”.
Asimismo revela que en las denuncias que la ASF interpone en el Ministerio Público Federal “se incluye, además del informe de la auditoría y el oficio de la denuncia, un dictamen técnico en donde se identifica cuáles son los funcionarios que podrían ser directamente responsables del mal manejo de recurso. En la mayoría de los casos se señala Tarek Abdalá por su gestión como tesorero del estado del año 2012 a 2015”.
Concluye que “es la PGR la que tiene que llevar a cabo las investigaciones para “deslindar responsabilidades”, es decir, para confirmar la implicación de los funcionarios que estén implicados en el presunto fraude al erario público y proceder penalmente contra ellos. Esto es lo que no ha ocurrido hasta ahora en ninguno de los casos”.
Destaca que autoridades directamente ligadas con estos procedimientos señalaron que hay casos que ya se encuentran con un grado de avance muy importante y que estarán consignando a un juez en próximas semanas, pese a que no existe aún la Fiscalía especializada encargada de determinar un total de 70 casos reportados por la ASF, que la PGR no avanza en la investigación y que el fuero del actual diputado del PRI, y ex tesorero de Duarte, Tarek Andalá, concluye hasta septiembre próximo.
