Estados Unidos.- Cada vez menos inmigrantes están denunciando abuso doméstico en Estados Unidos, mientras la policía culpa al miedo a la deportación, reportó hoy el diario The New York Times.
Los departamentos de policía en varias ciudades con grandes poblaciones hispanas, incluyendo Los Ángeles, Denver y San Diego, experimentaron un declive en los informes de violencia doméstica y agresión sexual en sus comunidades latinas.
En Houston, los informes de violencia doméstica latina disminuyeron incluso cuando la comunidad hispana de la ciudad, que ahora es el 44 por ciento de la población, creció de manera significativa. “Esa escena está sucediendo todo el tiempo”, dijo el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo.
Aunque la población inmigrante de Houston es una de las que más crece en el país, el año pasado la ciudad sufrió una caída del 16 por ciento en los informes de violencia doméstica de la comunidad hispana.
Una disminución de la culpabilidad de la policía en una nueva y dura ley de inmigración en Texas forma parte del clima político hostil en el país en torno a la cuestión de la inmigración ilegal.
La policía de Houston registró seis mil 273 informes de violencia doméstica de hispanos en 2016, en comparación con siete mil 460 en el año precedente.
“Los inmigrantes indocumentados e incluso los inmigrantes legales tienen miedo de denunciar el delito”, dijo Acevedo, quien habló públicamente sobre la necesidad de que los líderes locales cuiden a los inmigrantes bajo una mayor presión de las autoridades estatales y federales.
“Están viendo los titulares de todo el país, donde los agentes de inmigración están apareciendo en los juzgados, tratando de deportar a las personas”, destacó.
Un caso atrajo titulares nacionales en febrero de 2017, cuando una mujer transgénero indocumentada de México acudió a un tribunal en el condado de El Paso, Texas, para presentar una orden de protección contra su exnovio. Ella fue detenida en el lugar por agentes federales.
En entrevistas en Houston, activistas de mujeres, trabajadoras de refugios de violencia doméstica e inmigrantes compartieron historias detalladas de mujeres que se habían vuelto más temerosas que nunca de cualquier contacto con las autoridades, vinculando esos temores a la amenaza de la deportación.
Una mujer de 38 años dijo que nunca había llamado a la policía para hablar de su esposo, que con frecuencia la golpeaba, ni siquiera cuando tenía seis meses de embarazo, y le dio un puñetazo en el estómago, causando que perdiera al bebé.
Eventualmente, cuando su esposo amenazó con matarla, ella lo dejó, pero ella no lo reportó. “Sé que la policía está allí para ayudar”, dijo la mujer, que temía ser identificada y deportada si daba su nombre. “Pero con las leyes ahora, muchas mujeres como yo tienen demasiado miedo para presentarse”.
En todo el país, las autoridades han documentado disminuciones en la denuncia de delitos por parte de los inmigrantes. Aunque la reticencia general a contactar a las autoridades siempre ha sido un problema para la policía que trata con comunidades inmigrantes.
La policía dice que muchas de las caídas más abruptas comenzaron a principios de 2017, cuando el presidente estadunidense Dolanld Trump asumió el cargo, pero las órdenes de deportación aumentaron en general a partir de 2016 y las detenciones de inmigrantes que comparecen en los tribunales también se incrementaron.
Una encuesta a cientos de agentes de policía, defensores de víctimas y fiscales en los 50 estados, publicada por la Unión Estadunidense de Libertades Ciciles en mayo, encontró numerosos informes de que los inmigrantes indocumentados son ahora más reacios a llamar a la policía, presentar cargos penales y testificar contra los agresores.
Un total de 82 por ciento de los fiscales encuestados dijo que los casos de abuso doméstico se han vuelto más difíciles de enjuiciar. Pero la amenaza en Texas ha sido particularmente pronunciada.
En el condado de Harris, que incluye a Houston, el número de inmigrantes transferidos de las cárceles del condado a agentes federales que ejecutan órdenes de inmigración aumentó 60 por ciento en los primeros cinco meses de 2017, según un análisis del Instituto de Política de Migración, un grupo de expertos en inmigración con sede en Washington.
En septiembre, la Legislatura de Texas aprobó una ley general que ordena a los departamentos de policía locales cumplir con las solicitudes de las autoridades federales para entregar a los detenidos locales sospechosos de estar ilegalmente en el país.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que la medida era necesaria para evitar que los municipios establecieran las llamadas “ciudades santuario”.
Bajo la nueva ley de Texas, conocida como el Proyecto de Ley Senatorial 4, los funcionarios locales podrían enfrentar penas de cárcel y multas que excedan los 25 mil dólares por negarse a cumplir con las solicitudes federales de “detención”.
Houston se unió a Dallas, Austin y otras ciudades de Texas con grandes poblaciones hispanas en una demanda para revocar la ley, argumentando que la S.B. 4 podría conducir a un perfil racial generalizado.
Un tribunal federal de apelaciones confirmó en gran medida la medida en abril, pero actualmente evalúa una solicitud de las ciudades para una nueva audiencia.
La respuesta del jefe Acevedo es cumplir completamente con la S.B. 4, mientras refrenda su influencia en las operaciones de su departamento. Él requiere que sus oficiales presenten un reporte sobre cada caso en el que informen sobre el estado de inmigración a las autoridades federales.
Desde que la ley entró en vigencia, sus oficiales le pidieron a solo cuatro personas que revelen su estado migratorio.
A pesar de la caída en los informes a la policía, las víctimas están encontrando soluciones. El Centro de Mujeres del Área de Houston, que recibió 33 mil 692 llamadas a su línea directa de violencia doméstica el año pasado, vio un aumento en las mujeres hispanas que buscan ayuda.
Los asesores de la línea directa en el centro informan a las personas que llaman de sus derechos legales y los alientan a revelar su estado migratorio, para que se les informe sobre la solicitud de protecciones legales especiales que puedan estar disponibles.
A las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica se les puede otorgar permiso para permanecer en Estados Unidos bajo lo que se conoce como visa U, quizás de forma permanente, si ayudan a la policía en su investigación.
Pero un tope legal de 10 mil visas por año ha resultado en un atasco: el año pasado, 33 mil 500 víctimas de asalto solicitaron visas U, más de tres veces el número disponible.
