Ciudad de México.- Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, involucrados en presuntos desvíos al PRI por 250 millones de pesos, permanecen en el Cereso estatal número 1 de Chihuahua, a pesar de la orden de un juez federal para trasladarlos al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
“En virtud de que existe una orden de un juez de control de Chihuahua para que los imputados permanezcan en el Cereso de Aquiles Serdán, debe haber una autoridad judicial que resuelva en relación con la contradicción de resoluciones de jueces del mismo nivel, local y federal”, indicó en César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua.
Agregó que probablemente será un Tribunal Colegiado el que resuelva la pugna.
Desesperación de EPN: Corral
“Atropello a la ley” es como calificó Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, a la desesperación de Peña Nieto por tener a Alejandro Gutiérrez, “La Coneja” y agregó que es pieza clave de la operación Zafiro.
Fue específicamente en Twitter donde el gobernador expresó lo siguiente: “la desesperación de @EPN por tener bajo su control a Alejandro Gutiérrez Gtz, pieza clave de la operación Zafiro, llega a niveles jamás conocidos de atropello a la ley. En esa protección, el Pte. busca su propia protección. Y está dispuesto a todo!”.
La noche del viernes, policías federales montaron un operativo para trasladar a la capital del país al imputado junto con Tarín y Villegas, contando con una orden del juez federal Gerardo Moreno García.
Horas antes de que los agentes federales intentaran la maniobra, Javier Corral alertaba ante los medios de comunicación que la Federación no dejaría de intentar llevarse al detenido Alejandro Gutiérrez, luego de que un Juez de Control local había dictaminado que los tres imputados por peculado agravado deben permanecer en Chihuahua para que respondieran por esos delitos.
“A la Federación le urge llevarse a Alejandro Gutiérrez a la Ciudad de México y no va a cejar en ese objetivo. Tienen un miedo, tienen pavor de que Alejandro Gutiérrez empiece a hacer declaraciones, que pueda imputar, acusar otros niveles de responsabilidad, pues todos sabemos que es imposible que él lo haya hecho por sí solo, es una operación que trasciende incluso el estado de Chihuahua, que no solamente aquí se realizó, se verificó en otras entidades del país”, expresó Corral.
También había señalado que juez federal Gerardo Moreno García estaba cometiendo todo tipo de violaciones a la ley, motivo por el cual presentaron una nueva queja ante el Consejo de la Judicatura.
En dicha queja solicitan directamente al presidente de la Corte, que es también el presidente de la Judicatura, que analizara la conducta de este juzgador que entre el día 10 de mayo y la tarde del viernes, solicitó el traslado de los detenidos a la Ciudad de México, en unos casos solo de manera solo verbal.
No podemos verlo: abogados
Un día después del zafarrancho en el exterior del edificio sede del Poder Judicial Federal en Chihuahua, ayer los abogados de “La Coneja” denunciaron que les han impedido ingresar al Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán para entrevistarse con su cliente.
‘Cercaron media ciudad’
Al menos 60 patrullas de la Policía Estatal, Ministerial, Vial y de la Policía Municipal sitiaron durante más de una hora el edificio del Centro de Justicia Penal Federal, donde los tres reos permanecían bajo el resguardo de elementos federales.
Sofía Duarte, esposa de Gerardo Villegas, y Luisa Fernanda Apodaca, cónyuge de Antonio Tarín, explicaron que en la audiencia, el juez determinó el traslado debido a que ya se ha requerido en muchas ocasiones a la Fiscalía de Chihuahua y al director del penal.
“Ellos han puesto muchos impedimentos, todos los amparos que han realizado se los han sobreseído. Por eso el juez Gerardo Moreno determinó que ya que estaban en estos momentos a cargo de la Policía Federal para que se hiciera directamente el traslado”, subrayó Sofia Duarte. “Algunos ministeriales, sin autorización, trataron de meterse al mismo edificio para tomar posesión de los imputados y todo este despligue se hizo porque no quieren permitir que se ejecute la orden”, denunció la esposa de Gerardo Villegas.
Durante el transcurso, abogados que ella presumió son del Gobierno del Estado, intentaron intimidarlas. “Nos tomaron fotografías, videos de las placas de nuestros vehículos, de nuestros rostros, alegando que su presencia obedecía a que se había solicitado su presencia como apoyo para el traslado”.
Consideró que el actuar de la Policía Estatal fue delincuencial.