Hermosillo, Sonora, abril 30 de 2018.- En una acción de justicia para los sonorenses y de combate frontal a la corrupción, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano atestiguó la puesta en marcha de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (UNIPAF) de la Fiscalía de Justicia del Estado, que de la mano con los ciudadanos y mediante la extinción de dominio, trabajará en la recuperación de bienes y recursos que fueron sustraídos ilegalmente por servidores públicos, durante el desempeño de su función.

Ante representantes académicos, empresarios y de la sociedad civil, la Gobernadora dijo que la creación de esta instancia dará una lucha a favor del ciudadano y en contra de la corrupción en Sonora, al recuperar bienes que son de los sonorenses y al no permitir que nunca más se presenten acciones de este tipo.

“Para quienes pensaron que no pasa nada, pues sí pasa, si un servidor público obra mal, hay consecuencias que pagar”, expuso ante el Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza y la titular de la UNIPAF, Alejandra Santiago Sainz.

“Esta unidad es una válvula de escape para los ciudadanos hartos de la corrupción, comparto con ustedes ese hartazgo y frustración, porque como lo dijimos al entrar a esta administración, nadie va a disfrutar lo que ilegalmente le arrebate al sonorense”.

Esta Unidad Especializada que surge a raíz de una iniciativa presentada por la mandataria sonorense en el 2015 y que fue aprobada por el Congreso del Estado, tendrá la facultad de recabar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con algún delito, y en su caso promover y ejecutar la extinción de dominio para que dicho recurso regrese a los sonorenses.

“Lo que quiero que la ciudadanía sepa es que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo con la responsabilidad de encauzar a Sonora por un camino de crecimiento económico y social. Pero también estamos cumpliendo en materia de transparencia, rendición de cuentas y, con esta nueva área de la Fiscalía, estamos cerrando la pinza a la impunidad”, afirmó.

La creación de la UNIPAF, es una muestra más de que en Sonora no se tolerarán los actos de corrupción, sostuvo, por lo que agradeció al Congreso del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), especialistas pro-transparencia y a todos aquellos que impulsaron la iniciativa para crear este instrumento, que vendrá a ser un parteaguas en la justicia de la entidad.

Hace unos días la Gobernadora Pavlovich, promulgó el decreto por el cual se reconoce la competencia de jueces en materia de extinción de dominio, mediante el cual el Estado podrá perseguir los bienes que se hayan adquirido de manera ilícita con recursos públicos e incluso se podrá exigir la reparación de daños patrimoniales cometidos por servidores públicos que sean denunciados, aplicándose la extinción de dominio para que regresen esos bienes al Estado.

La Gobernadora Pavlovich indicó que la UNIPAF empoderará a las y los ciudadanos, quienes a través de ella podrán señalar sospechas de enriquecimiento ilícito o actos de corrupción de funcionarios para que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes, y en el caso de ser ciertas, el denunciante podrá recibir hasta un 20 por ciento del valor catastral o comercial de los bienes recuperados.

“En Sonora, todos somos auditores, todos somos vigilantes y, con la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera y la Fiscalía Anticorrupción..todos podemos denunciar para que se investiguen los actos que atentan contra nuestro futuro. Hoy le mostramos que cuando los poderes legislativo y ejecutivo hacemos un buen trabajo, la justicia llega”, aseveró.

En el evento, el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, presentó varios inmuebles asegurados por parte de la Fiscalía, los cuales podrán ser recuperados, a través de la Ley de Extinción de Dominio.

Los inmuebles que comprenden ranchos, casas, y terrenos asegurados, son producto de investigaciones hechas por la FAS hacia funcionarios de la administración anterior y ascienden a más de 561 millones de pesos.

Montes de Oca Mena, enfatizó que ante el patrón replicado por las diversas personas investigadas por la FAS, de promover amparos ante jueces federales, entorpeciendo así la procuración de justicia, se buscaron nuevos instrumentos para dar respuesta.

“Como han de imaginar en el curso de esos amparos los quejosos promueven abundantes recursos, que retrasan a lo largo de mucho tiempo la emisión de la resolución del fondo, y por tanto ha impedido que la Fiscalía Anticorrupción haya podido ejercitar acción penal en múltiples casos con lo cual se ha entorpecido y obstaculizado la procuración de justicia”, explicó al señalar que esta nueva Unidad no tendrá ningún costo adicional al erario.

Por eso la importancia de la creación de un instrumento, añadió, con el que la FAS, pueda ejercer justicia a través de la extinción de dominio.

Por su parte, Odracir Espinoza Valdez, Fiscal Anticorrupción en Sonora, dijo que el nuevo sistema de justicia penal, ofrece como una de sus ventajas la reparación del daño, fundamental en los casos de corrupción que esta Fiscalía investiga, ya que recuperar lo que indebidamente se llevan los que traicionan la confianza de los ciudadanos, es lo justo.

Alejandra Santiago Sainz titular de la UNIPAF, se comprometió a ser implacable e investigar a todo aquel funcionario que haya cometido un acto de corrupción y golpear su fuerza económica, y convocó a las y los sonorenses a unirse a esta lucha por medio de la denuncia.

“Al particular que denuncie o contribuya efectivamente a la obtención de medios de prueba para la declaratoria de extinción de dominio a juicio del juez especializado, se le podrá entregar una retribución del 5 al 20 por ciento del valor de realización de dichos bienes o del valor comercial de los mismos”, sostuvo.

Presentes también en el evento: Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa de Hermosillo; y Javier Villarreal Gámez, Diputado y Presidente del Congreso del Estado.

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